"El informe revela patrones alarmantes y la falta de una política integral de prevención y de acceso a justicia", señalaron los grupos en un comunicado.
Estos 411 asesinatos machistas superan los 321 que hubo en 2023 y los 332 de 2022, que eran hasta el momento los años en los que más casos reportaron las organizaciones.
Sin embargo, las cifras de la Alianza Feminista difieren de las estadísticas oficiales, ya que aunque, de acuerdo a la Fiscalía, en 2025 hubo 775 asesinatos de mujeres, solo 55 fueron catalogados como femicidios.
De los 411 casos, al menos 256 están vinculados a las estructuras criminales, y 50 víctimas eran niñas o adolescentes, "una cifra que evidencia la brutalidad específica contra las más jóvenes y la falla de los sistemas de protección", detallaron las organizaciones.
La provincia donde más feminicidios se registraron fue Guayas, cuya capital es Guayaquil, con 140 casos, una zona denominada por las fuerzas de seguridad como el epicentro de la violencia criminal y donde la alianza "subraya la imperiosa necesidad de declarar alertas y desplegar recursos de prevención, protección y sanción".
Los grupos feministas también advirtieron de la existencia de un "grave subregistro en todas las provincias", especialmente en Esmeraldas, Manabí y Los Ríos, donde "la violencia extrema vinculada al crimen organizado silencia a la prensa y suprime la visibilidad pública de numerosos casos, imposibilitando su documentación y exigencia de justicia".
En el 78 % de los crímenes se utilizó un arma de fuego, "destacando la estrecha relación entre la violencia machista y el acceso a armamento".
Además, denunciaron "el vacío judicial y la invisibilidad estadística" de los transfeminicidios, ya que "la falta de tipificación específica y de protocolos de investigación con perspectiva de género y diversidad conduce a la impunidad y envía un mensaje de desprotección a las mujeres trans y personas de género diverso".
En 2025, los grupos contabilizaron al menos 18.
La Alianza exigió al Gobierno que declare una alerta por el número de feminicidios registrados, que destine recursos específicos para la prevención de la violencia en zonas "críticas" y que implemente "políticas efectivas de control de armas".