El decomiso se realizó en el marco de un operativo de vigilancia, protección de frontera y control de armas, municiones y explosivos realizado en la localidad de El Chical, de la provincia de Cañar, fronteriza con Colombia.
Con base en información de inteligencia, los soldados detectaron un "vehículo sospechoso en el sector", pero los ocupantes escaparon antes de que pudieran ser detenidos.
Al registrar el automotor, los militares encontraron los tacos de dinamita tipo Emulnor, veinte cajas de fulminantes, 4.000 metros de mecha lenta, 55 sacos de carbón activado, doce sacos de cianuro y otros químicos.
"Estos insumos serían utilizados presuntamente para actividades relacionadas con la minería ilegal", señaló el Ejército, que indicó que la operación representa una "afectación aproximada de dos millones de dólares a las economías ilícitas vinculadas al grupo irregular armado Comuneros del Sur".
La operación se realizó en medio de la inusitada guerra comercial en la que están inmersos Ecuador y Colombia, que inició el pasado 21 de enero el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.
El mandatario anunció que Ecuador impondría desde el 1 de febrero una "tasa de seguridad" del 30 % a los productos colombianos, ante la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" por parte del vecino país en el combate al narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.
En respuesta, el Gobierno colombiano señaló que aplicaría un gravamen del 30 % a la importación de más de 50 productos que lleguen desde Ecuador y suspendió la venta de energía.
En reciprocidad, Ecuador elevó de 3 a 30 dólares el valor por barril del transporte de crudo colombiano de Ecopetrol por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), uno de sus dos grandes oleoductos.
Los Comuneros del Sur fueron catalogados por Noboa como "grupos armados organizados" junto al Frente Oliver Sinisterra y a los Comandos de la Frontera, y los incorporó como enemigos dentro del "conflicto armado interno" que desde enero de 2024 declaró en Ecuador a causa del auge de las bandas criminales, a quienes el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años.