El centro de investigación, afín a la derecha libertaria, expuso en un reporte que ciudadanos estadounidenses son responsables del 95 % de las pérdidas por 5.500 millones de dólares por fraudes a programas sociales de 2013 a 2024, mientras que los no ciudadanos representaron el 4,6 %, con el resto no identificado.
Además, los inmigrantes defraudaron un 31 % menos que los ciudadanos estadounidenses, agregó el informe con base en datos de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos.
"El fraude de beneficios no es una justificación convincente para amplias restricciones en la inmigración. El beneficio económico primario de la inmigración para los estadounidenses son los bienes y servicios que producen", escribió el autor del reporte, David J. Bier.
El documento recordó la actual controversia sobre fraudes millonarios relacionados con programas de cuidado infantil vinculados a la comunidad somalí en Minesota, lo que motivó al presidente Trump a desplegar a miles de agentes migratorios en dicho estado, donde los residentes respondieron con protestas.
El escándalo impulsó a Trump a declarar que frenaría la inmigración "del tercer mundo", además de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los somalíes, imponer nuevas restricciones en trámites migratorios y anunciar nuevas prohibiciones de viajes.
Pero el reporte de Cato citó que los no ciudadanos tienen un 8 % menos de probabilidad de afrontar una condena criminal por fraude a programas sociales y que la cifra de inmigrantes sentenciados por dicho crimen ha caído 57 % desde 2015.
"Desafortunadamente, este Congreso decidió gastar miles de millones de dólares en julio en un programa caótico e indiscriminado de deportaciones masivas que incrementará el déficit en lugar de invertir en mejores sistemas e investigaciones para controlar el fraude a los beneficios", argumentó Bier.
El informe de Cato se publicó días después de uno de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) que encontró que la detención de inmigrantes latinos sin récord criminal se sextuplicó en Estados Unidos desde el comienzo de la segunda presidencia de Trump, en enero de 2025.