El inicio del arbitraje se produce tras una "campaña" del Estado panameño "dirigida específicamente contra PPC y su contrato de concesión, a través de un año marcado por una serie de acciones abruptas por parte del Estado panameño, que culminaron en daños graves y daños adicionales inminentes a PPC, mientras que no se han dirigido contra contratos similares en el sector portuario", señala en un comunicado la compañía.
El pasado 29 de enero, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró "inconstitucional" el contrato de concesión entre el Estado panameño y PPC, filial de la hongkonesa CK Hutchison, operadora desde 1997 de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico).
Un día después, el Gobierno panameño anunció que APM Terminal Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, asumiría transitoriamente la operación de ambos puertos una vez se concrete la salida de PPC y durante el tiempo que tome realizar una nueva licitación "abierta y transparente" de la concesión.
Pero PPC insistió este martes en que Panamá "ha incumplido el Contrato y ley aplicables", por lo que pide una "indemnización amplia basada en una evaluación de datos financieros relevantes, sujeta a una pronta resolución, y ciertos otros remedios, según resulte necesario".
La compañía portuaria, que no precisa el monto de la indemnización que pretende, reiteró que el inicio del arbitraje tiene sustento "en el contrato de concesión y el marco jurídico que se ha plasmado durante casi tres décadas como un 'contrato-ley', proporcionando seguridad jurídica y respeto a largo plazo del marco legal y contractual aplicable".
También alega que durante el último año, el Estado panameño "optó por revertir sus posiciones sostenidas durante largo tiempo con respecto al marco jurídico y contractual, incumplió sus obligaciones bajo el contrato y dio inicio, impulsó y/o respaldó procedimientos legales destinados a destruir el contrato de concesión", el cual, sostiene, "fue el resultado de un proceso de licitación internacional transparente".
En cuanto a la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al declarar inconstitucional el contrato de concesión, la empresa resaltó que "tal resultado es diametralmente opuesto a decisiones anteriores dictadas por la Corte Suprema con relación a contratos similares al contrato de PPC", y agrega además que "el fallo judicial aún no se ha publicado ni ha entrado en vigor".
El contrato de 1997 que otorgó la concesión a 25 años de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) a PPC, así como las adendas y la prórroga automática de 2021, fueron declaradas inconstitucionales por el Supremo panameño, quedando anuladas de hecho por el fallo, que responde a dos demandas en ese sentido presentadas en julio de 2025 por el contralor general de Panamá, Anel Flores, que planteó la existencia de términos lesivos.