El análisis hace parte del seguimiento al ciclo electoral de 2026, que comprende los comicios legislativos del 8 de marzo y los presidenciales, cuya primera vuelta se realizará el 31 de mayo.
Según el estudio, los riesgos "amenazan al 11,02 % del censo electoral", equivalente a más de 4,5 millones de votantes, cálculo que excluye a Bogotá, según el informe 'Mapas y factores de riesgo electoral'.
De acuerdo con la MOE, los mayores focos de riesgo se concentran en regiones como el Pacífico colombiano, el norte del departamento del Cauca, el Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo, el sur de Bolívar y zonas de la Amazonía, donde persisten dinámicas de violencia armada, control territorial y presiones sobre la participación política, lo que podría afectar el desarrollo normal del proceso electoral.
El informe incluye a Bogotá entre los lugares clasificados en riesgo extremo por la coincidencia de "factores indicativos de fraude y de violencia", una situación que, según la MOE, trasciende el ámbito rural del conflicto y evidencia riesgos estructurales para la integridad electoral en los principales centros urbanos del país.
"El riesgo electoral no se limita a la jornada de votación, sino que compromete de manera estructural la integridad, la confianza y la legitimidad del proceso democrático", advierte el documento.
El informe señala además que las elecciones de 2026 serán las primeras "plenamente atravesadas por dinámicas de desinformación digital, narrativas de fraude preventivo y el uso de inteligencia artificial", factores que han profundizado la polarización y debilitado la confianza ciudadana en el sistema electoral.
El documento indica que 339 municipios tienen riesgo por factores de violencia, con un aumento del 85,29 % en los clasificados como de riesgo extremo frente a 2022, mientras que 383 municipios registran riesgo por factores indicativos de fraude en la elección de Cámara de Representantes y 334 en la de Senado.
Según la MOE, eso sucede por "la fragmentación del conflicto armado y la persistencia de vacíos de seguridad", así como por la desalineación entre las políticas de paz, seguridad y la estrategia electoral, en un contexto marcado por negociaciones con grupos armados ilegales.
Ante este panorama, la MOE pidió a las autoridades reforzar la presencia institucional mediante comisiones de seguimiento electoral y adoptar medidas diferenciadas en los lugares más afectados, al subrayar que "la defensa de la democracia es una responsabilidad compartida que exige vigilancia, rigor y compromiso permanente".