Los reportes coinciden en que el régimen de Kim Jong-un castiga con extrema dureza el acceso a información externa, en especial a contenidos procedentes de Corea del Sur.
HRW señaló, en su Informe Mundial 2026, que el consumo de contenidos extranjeros puede ser castigado con trabajos forzados y su distribución podría acarrear incluso la pena de muerte. "Las autoridades atacan regularmente a quienes acceden a contenido prohibido, en particular a medios con influencia surcoreana", dijo la organización pro derechos humanos.
AI, por su parte, publicó hoy su mayor investigación sobre Corea del Norte en una década, basada en 25 entrevistas en profundidad realizadas en 2025 a personas que huyeron del país, 11 de las cuales escaparon entre 2019 y 2020.
Los testimonios documentan ejecuciones públicas por ver o distribuir series y programas de Corea del Sur, algunas de ellas frente a niñas y niños.
"Algunas personas entrevistadas contaron que las escuelas obligaban sistemáticamente al alumnado a asistir a las ejecuciones públicas como parte de la 'educación ideológica'. Las ejecuciones se llevaban a cabo por fusilamiento", dijo AI en su reporte.
La investigación de AI afirma que las personas con recursos económicos o conexiones pueden evitar las sanciones más severas mediante sobornos, mientras que quienes carecían de ellos eran enviados a campos de trabajo o ejecutados.
La organización instó a Pionyang a derogar las leyes que penalizan el acceso a la información, abolir la pena de muerte y establecer una moratoria inmediata de las ejecuciones, además de proteger a los menores de la exposición a la violencia estatal.
Además, AI subrayó que estas prácticas violan tratados internacionales ratificados por Corea del Norte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
El informe pone especial énfasis en la Ley contra el Pensamiento y la Cultura Reaccionarios de 2020, que prevé entre cinco y quince años de trabajos forzados por ver contenidos surcoreanos y la pena de muerte por su distribución a gran escala.
El informe de HRW también abarca las violaciones de derechos humanos de Corea del Norte en otros ejes, como justicia y rendición de cuentas, libertad de movimiento, derechos económicos, sociales y culturales, clasificación abusiva de la población y abusos contra las mujeres.
"El Gobierno (norcoreano) siguió priorizando el gasto público en el desarrollo de armas a expensas de los derechos económicos, sociales y culturales. Muchas personas tienen poco o ningún acceso a la atención médica y sufren inseguridad alimentaria crónica", dijo el informe.
La organización también criticó a la Administración surcoreana del presidente actual, Lee Jae-myung, quien tomó posesión en junio, por debilitar las políticas de promoción de derechos humanos en Corea del Norte "priorizando el diálogo e interacciones con el líder norcoreano".
HRW lamentó que el Gobierno surcoreano haya reducido emisiones radiofónicas hacia el Norte, tildándolas de "fuente vital de información exterior" para los norcoreanos, cancelar informes oficiales sobre la situación de derechos humanos de Pionyang y endurecer las acciones contra activistas y redes que envían información o remesas a familiares que residen en Corea del Norte.