En un informe sobre el cumplimiento por parte de Colombia de la Convención de los Derechos del Niño, el comité denuncia que estos reclutamientos afectan de forma desproporcionada a menores indígenas, afrodescendientes y migrantes, y también señala a los grupos armados no estatales como perpetradores de violencia sexual contra niñas.
Algunos niños reclutados por esos grupos han muerto o han sufrido mutilaciones en el contexto del conflicto, a veces tras bombardeos y otras operaciones llevadas a cabo por las fuerzas militares, denunció el comité.
Señala además el uso creciente y sistemático de plataformas digitales y redes sociales por grupos armados no estatales y organizaciones criminales para el reclutamiento y la explotación sexual.
Frente a ello, hay una "respuesta institucional débil" a la hora de proteger a los niños del reclutamiento o de atender a las víctimas, lamenta el informe, que llevó a cabo un examen periódico sobre la situación en Colombia los días 20 y 21 de enero, junto a una delegación del Gobierno colombiano.
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El comité muestra por otro lado inquietud sobre el aumento en Colombia de la mortalidad infantil por malnutrición y enfermedades prevenibles en algunas áreas, así como por el alto número de asesinatos a niños en áreas como Quibdó, en el Pacífico colombiano y una de las zonas más golpeadas por la violencia de bandas.
Urge a Colombia a intensificar los esfuerzos para reducir esa mortalidad infantil y la malnutrición, particularmente entre pueblos indígenas como los wayuu, emberá, sikuani o kogui, y recomienda mejorar los servicios sanitarios para la infancia y la cobertura de las vacunaciones.
En el informe, expresa preocupación también por la escasa investigación de abusos sexuales a niños cometidos por religiosos o personal de la Iglesia Católica, así como por la escasa reparación de las víctimas.
Denuncia asimismo casos de violencia, abusos y negligencia contra niños y adolescentes en centros de tutela de menores, escuelas, así como bajo custodia policial y en centros de detención.