Gobierno argentino pide a CIDH que dirigente Milagro Sala regrese a la cárcel común

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Buenos Aires, 5 feb (EFE).- El Gobierno argentino del presidente Javier Milei solicitó este jueves a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cese la medida que mantiene a la dirigente social Milagro Sala bajo prisión domiciliaria desde 2017, para que cumpla de manera efectiva su condena en una cárcel común.

La Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia informó que reiteró ante la CIDH el pedido de que revise su decisión de que la exdiputada peronista de la provincia de Jujuy cumpla la pena de 15 años de prisión en la modalidad domiciliaria y consideró que "debería estar cumpliendo su condena en la cárcel sin privilegios, con el resto de los delincuentes".

"Esta medida de la CIDH se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres, pese a tener una condena firme", aseguró el Gobierno y recordó que la líder de la Organización Barrial Túpac Amaru fue condenada "por delitos vinculados a asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas".

El Ejecutivo, además, rechazó las denuncias de “hostigamiento judicial” planteadas por la defensa de la dirigente social y sostuvo que existen “hechos objetivos” que justifican las medidas adoptadas por la Justicia.

Según el comunicado, "Sala violó las condiciones de la prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización del juez. Eso activó alertas del sistema de monitoreo electrónico y motivó medidas de verificación y control propias del régimen de ejecución penal".

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“El Estado argentino cumple con sus obligaciones internacionales”, sostuvo el texto oficial, y añadió que “los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad”.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó en 2022 la condena a trece años de prisión -que, al unificarse con otras penas, llega a 15 años- impuesta a comienzos de 2019 a Sala por su autoría, entre 2003 y 2015, de delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.

La dirigente fue detenida en enero de 2016 en Jujuy, poco más de un mes después de la asunción del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), cuando fue acusada de instigación al tumulto durante una protesta contra el entonces gobernador provincial, Gerardo Morales.

Desde hace dos años, cumple prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires y atravesó el mes de enero internada en un hospital tras sufrir una descompensación.