El veterano de 78 años, fundador del rotativo crítico con el Gobierno y cerrado en 2021 tras redadas policiales, fue declarado culpable en diciembre por un panel de tres jueces designados por el Ejecutivo, concretamente por los delitos de conspiración para coludir con potencias foráneas y conspiración para difundir publicaciones sediciosas.
Los fiscales sostuvieron que Lai, en prisión preventiva desde agosto de 2020 y sometido a más de 1.800 días de aislamiento en un centro penitenciario de máxima seguridad, articuló desde la redacción y la estructura corporativa de Apple Daily una campaña sostenida para promover sanciones internacionales contra China y la Región Administrativa Especial de Hong Kong.
Apuntan a que lo hizo mediante la impresión y difusión de 161 piezas consideradas "incitadoras" entre 2019 y 2021 que, a juicio de la Fiscalía, buscaban el "colapso" del Partido Comunista chino (PCCh).
En su análisis probatorio, destacaron el "odio y resentimiento" acumulado por el acusado hacia Pekín a lo largo de décadas, así como su papel de "líder" en una estrategia de descrédito sistemático del poder central, apoyándose en editoriales, columnas, reuniones con activistas y contactos con entidades como 'Stand with Hong Kong' y representantes extranjeros.
En el banquillo se sientan también seis ex altos cargos del diario, que se declararon culpables en 2022 de colusión a cambio de reducciones de pena, y prestaron testimonio contra Lai, junto a otros dos activistas, completando un caso que la judicatura local presenta como demostración de la operatividad del nuevo marco legal.
Los letrados del empresario solicitaron clemencia, invocando su avanzada edad, su deterioro físico -con patologías supuestamente agravadas por el encierro en solitario- y su fe católica, mientras que el tribunal puntualizó que fue el propio reo quien reclamó medidas especiales de seguridad en prisión.
El tribunal valora como factores agravantes su "alta influencia" social y mediática y la ausencia de signos de arrepentimiento durante el desarrollo de las vistas.
El procedimiento, iniciado en diciembre de 2023 sin jurado, se considera el hito judicial más relevante desde la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional en junio de 2020 tras las multitudinarias protestas prodemocracia, que derivaron en cientos de detenciones y en el desmantelamiento de medios críticos y partidos opositores.
Lai ya cumple una pena firme de cinco años y nueve meses por fraude contractual, que podría acumularse a la sanción que se le imponga el 9 de febrero, consolidando un escenario de encarcelamiento prolongado.
En paralelo, gobiernos occidentales y organizaciones de defensa de la libertad de expresión mantienen la presión desde el exterior. El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó "tristeza" por el veredicto condenatorio, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, reclamó su excarcelación por "razones humanitarias".
Reino Unido, la Unión Europea, Canadá y Australia han solicitado igualmente su liberación, subrayando su doble nacionalidad británica.
El Comité para la Protección de Periodistas, por su parte, describió el proceso como una "farsa histórica" que daña el legado de Hong Kong como "fortaleza de la prensa asiática", en tanto que las autoridades locales defienden la neutralidad de los tribunales y acusan a los interlocutores externos de fomentar la "injerencia".