"Estamos preocupados por los últimos informes que indican que Perú podría verse imposibilitado de supervisar Chancay, uno de sus puertos más importantes, bajo la jurisdicción de propietarios chinos depredadores", declaró la oficina de Latinoamérica del Departamento de Estado.
"Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía", agregó.
Esta advertencia forma parte de la campaña diplomática que la Administración de Donald Trump impulsa para reducir la presencia de empresas chinas en las grandes obras de infraestructura de Latinoamérica, como los puertos del Canal de Panamá.
El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima declaró fundada una demanda de amparo presentada por el puerto de Chancay contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
La compañía china demandó a finales de 2024 a Ositran por la supervisión del puerto, pues considera que este vulnera sus derechos de control, y este viernes el magistrado dio la razón a la naviera y declaró fundada esta demanda de acción amparo.
El puerto, que tiene una capacidad de un millón de contenedores al año, se ubica a 80 kilómetros al norte de Lima y pertenece, en un 60 %, a la empresa estatal china Cosco Shiping y, en un 40 %, a la minera peruana Volcan Compañía Minera, la cuarta productora de plata y zinc a nivel mundial.
Su objetivo es convertirse en el principal 'hub' (centro de conexiones) del comercio marítimo de China con Suramérica.