"Esta política de expulsión representa una flagrante violación del derecho internacional, que exige que la comunidad internacional, la ONU y sus organismos, y las organizaciones de derechos humanos, tomen medidas urgentes para detenerla", urgió Hamás en un comunicado.
Además, el grupo añadió que esta es otra medida más de Israel ligada a sus planes de "judaización" de los territorios ocupados palestinos, basados en la expulsión de la población local.
Ayer, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, firmó la revocación de la ciudadanía y la deportación de dos árabes israelíes condenados por terrorismo, los cuales según Wafa y Hamás eran residentes de Jerusalén Este, ocupado y anexionado unilateralmente por Israel.
El primero de ellos, condenado por una serie de ataques con armas de fuego y tras 23 años de prisión antes de ser liberado en 2024, será deportado a la Franja de Gaza, según la prensa israelí.
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El segundo, también condenado por apuñalar a dos mujeres en Jerusalén en 2016 y sentenciado a 18 años de prisión, también sería llevado a Gaza tras su excarcelación.
En 2023, el Parlamento israelí aprobó una ley que permite al gobierno revocar la ciudadanía o la residencia permanente de los palestinos acusados de cometer "actos de terrorismo" y deportarlos a la Cisjordania ocupada o a la Franja de Gaza.
Se aplica tanto a los palestinos ciudadanos de Israel como a los residentes permanentes de Jerusalén Este ocupado, una designación que les otorga menos derechos. Todos ellos representa el 21 % de la población, unos dos millones de personas.