La reforma laboral impulsada por el presidente argentino Javier Milei fue aprobada en el Senado esta madrugada y queda en manos de la cámara baja, tras una jornada de protestas en Buenos Aires que terminó con violentos cruces entre policías y manifestantes.
La pequeña industria, principal empleador, reclama al gobierno que la reforma laboral sea acompañada de incentivos a la inversión fabril.
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El gobierno negoció a contrarreloj una treintena de modificaciones al proyecto original para asegurarse su pronto pase a Diputados, que pueden todavía revisar su texto. El objetivo es lograr que la reforma sea ley antes del 1 de marzo cuando Milei abrirá el período de sesiones ordinarias del Congreso.
Flexibilización
El proyecto, para cuya media sanción el gobierno confía tener los apoyos suficientes, flexibiliza los contratos laborales, reduce indemnizaciones, facilita el despido, limita el derecho a huelga y permite pagos en especie además de fraccionamiento de vacaciones, entre otras reformas que la mayor central obrera, la Confederación General del Trabajo (CGT), considera “regresivas”.
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El gobierno arguye que estos puntos, más la reducción de cargas sociales para el empleador, son estímulos para la formalización en un mercado laboral con 40% de trabajadores en la informalidad.
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Los cambios permitirán también reducir los costos por litigiosidad laboral.
Por su lado la oposición y los sindicatos cuestionan que no hay creación de empleos porque la economía muestra signos de estancamiento, caída del consumo y de la producción industrial.