La decisión se conoce después de que el Parlamento regional tratara la cuestión esta semana tras un amplio reportaje de ese periódico en el que se relataba cómo uno de los supuestos criminales había planeado atacar la vivienda de un funcionario local, tras haber obtenido la dirección gracias a contactos políticos en el consejo municipal de la localidad de Ravels, en el norte del país.
La investigación judicial sobre el asunto reveló que los delincuentes también habían amenazado con matar a funcionarios de la inspección medioambiental.
El alcalde de Ravels, sospechoso en la investigación sobre la mafia de residuos, ha negado haber obstaculizado o intimidado a inspectores.
El ministro regional de Medioambiente, el cristianodemócrata Jo Brouns, señaló que se anonimizarán los nombres de los inspectores en los informes oficiales.
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No obstante, De Morgen señala que los funcionarios dudan de la efectividad de la medida, ya que de todas formas deben identificarse con sus carnés durante las inspecciones.
La región presentará una demanda civil contra los sospechosos investigados en la provincia de Amberes pues, según el ministro, el vertido ilegal de toneladas de sal residual y la mezcla de residuos químicos con estiércol constituyen "delitos penales graves".
Además, la agencia flamenca de gestión de residuos investigará el alcance de la contaminación del suelo en las zonas afectadas.