No obstante, la organización permanecerá prohibida hasta al menos el 20 de febrero, cuando en una nueva audiencia se determinarán los pasos a seguir en función de si el ministerio del Interior recurre el fallo, que supone un importante revés para el Ejecutivo del primer ministro, Keir Starmer.
Los tres jueces del Superior, presididos por Victoria Sharp, señalaron en su dictamen que, si bien el grupo fundado en 2020 utiliza “métodos delictivos” para llevar a cabo sus protestas, sus tácticas no alcanzan el baremo establecido en la ley para poder ser considerados terroristas.
De acuerdo con la corte, el Estado ya tiene herramientas legales para abordar cualquier delito cometido por la entidad, cuya misión declarada es boicotear a cualquier empresa u organismo que colabore o apoye al que consideran el gobierno “genocida” de Israel.
El Gobierno ilegalizó a Palestine Action el 5 de julio de 2025, después de que miembros de la red vandalizaran aviones de la Real Fuerza Aérea (RAF) en la base de Brize Norton (sureste de Inglaterra).
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Dijeron entonces que su acción era en protesta porque el Reino Unido estaba participando en la guerra en Gaza con el envío de material y permitiendo que esa base concreta fuera utilizada por aviones isralíes y estadounidenses para repostar combustible, algo que el Gobierno negó.
Poco después de la ilegalización del grupo, Huda Ammori, cofundadora de la organización, recurrió la decisión adoptada por la entonces ministra del Interior, Yvette Cooper, que incluía al grupo en la lista de organizaciones prohibidas en virtud de la Ley de Terrorismo de 2000.
La medida convirtió en delito la pertenencia o el apoyo al colectivo, castigado con penas de hasta 14 años de prisión.
Desde la entrada en vigor de la prohibición, más de 2.700 personas han sido detenidas en el Reino Unido por su respaldo a Palestine Action, muchas de ellas adultos mayores arrestados por el simple hecho de llevar una pancarta expresando su apoyo.
En una vista celebrada en noviembre, el equipo legal de Ammori sostuvo ante el tribunal que la proscripción debía ser anulada, al argumentar que el grupo actuaba dentro de una “tradición honorable” de acción directa y desobediencia civil antes de su inclusión en la lista de organizaciones vetadas.
Por su parte, los abogados del Ministerio del Interior defendieron que la proscripción había logrado el objetivo de “interrumpir el patrón de conducta escalatoria” del grupo y subrayaron que la medida no había impedido las protestas en favor del pueblo palestino ni contra las acciones de Israel en Gaza.