Esta misma semana la elección de un magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país, por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala se vio afectada por la interferencia de última hora del cuestionado Ministerio Público, lo que generó críticas de ente locales e internacionales contra el organismo fiscal, cuya titular, Consuelo Porras, ha sido sancionada por EE.UU. y la Unión Europea (UE).
Pese a todo, la abogada Astrid Lemus fue elegida como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), lo que fue aplaudido por entes como Human Rights Watch (HRW), cuyo subdirector para las Américas, Juan Pappier, celebró que las "trampas e intimidaciones" no surtieran efecto en un proceso que tildó de un paso hacia una corte "profesional".
A continuación se exponen las claves para entender el panorama actual y los posibles escenarios de las próximas semanas ante la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el relevo en la Fiscalía General.
El Congreso de Guatemala debe elegir este semestre a cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral para un período de seis años. La elección se realizará a partir de una nómina de candidatos propuesta por una Comisión de Postulación.
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Los nuevos magistrados tendrán a cargo las elecciones generales del próximo año, a la espera de recuperar la credibilidad de la institución, cuyos miembros salientes han sido señalados de corrupción y de interferir en los últimos comicios mediante la exclusión de candidaturas con posibilidades de victoria.
Es, probablemente, la elección más trascendental, ya que la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano, prácticamente se ha convertido en los últimos años en un cuarto poder con capacidad de dictar el futuro de la nación mediante sus fallos.
La Corte de Constitucionalidad se integra por cinco magistrados titulares designados respectivamente por el Ejecutivo, el Legislativo, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos (estatal) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
El CANG eligió a la abogada Astrid Lemus para el período 2026-2031, quien es percibida por analistas como una figura comprometida con la lucha contra la impunidad, y el resto de magistrados se elegirán en los próximos dos meses.
En mayo próximo también se definirá el nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público, en reemplazo de la fiscal general Porras, sancionada actualmente por Estados Unidos y la UE por fuertes señalamientos de socavar la democracia y participar en hechos de corrupción durante sus ocho años en el cargo.
El nuevo fiscal general será elegido por el presidente, Bernardo Arévalo de León, de un listado de seis abogados propuesto por una Comisión de Postulación. La continuidad o el giro en la política criminal del país depende de esta designación.
Para los expertos, conseguir tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad comprometidos con la lucha contra la corrupción es trascendental para el futuro de Guatemala. Es por ello que existe una gran disputa por dichas magistraturas.
La fiscal general Porras aspira a formar parte de la corte y se está postulando actualmente para ser representante de la Universidad de San Carlos. De ganar, podría obtener la inmunidad del cargo en eventuales casos judiciales en su contra en el futuro.
Precisamente por la importancia de las magistraturas para la Corte de Constitucionalidad, existió en la población guatemalteca gran indignación después de que la Fiscalía allanara las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios del jueves, en un operativo similar a cuando en 2023 el mismo Ministerio Público intentó revocar los resultados electorales que llevaron a la presidencia a Arévalo de León.