La oenegé Chin Human Right Organization (CHRO), que representa a la minoría étnica birmana chin (en su mayoría cristiana, frente a la mayoría budista del país), indicó a principios de mes que Timor (país predominantemente cristiano) ha nombrado a un fiscal para revisar la denuncia presentada contra la junta militar birmana.
En ella está incluido el líder golpista, Min Aung Hlaing, basándose en el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales juzgar delitos internacionales.
La denuncia incluye, entre otros actos, una violación en grupo, una masacre de diez personas, la matanza de religiosos y un ataque aéreo contra un hospital que dejó ocho muertos en el estado Chin, noroeste de Birmania, apuntó CHRO en un comunicado.
A raíz de este caso, la junta militar birmana, que detenta el poder desde el golpe de Estado de febrero de 2021, acusó a Dili de incumplir los principios de "respeto a la soberanía y no interferencia" entre los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), de la que ambos países forman parte.
Los representantes de Exteriores del Gobierno militar convocaron el pasado viernes al Encargado de Negocios de la Embajada de Timor Oriental, Elisio do Rosario de Sousa, el diplomático de mayor rango enviado por Dili a Birmania, y le ordenaron abandonar el país antes del viernes, según el comunicado de Exteriores que publica hoy el diario The Global New Light of Myanmar.
La junta militar también calificó de "decepcionante" la reunión en enero entre el presidente timorense, José Ramos-Horta, y representantes de CHRO.
El Ejército de Birmania ha sido acusado durante décadas de abusos contra los derechos humanos, principalmente contra las minorías étnicas del país.
Actualmente, la nación se está enfrenta a un proceso en la Corte Internacional de Justicia por acusaciones de genocidio contra la minoría rohinyá, mayoritariamente musulmana y asentada en el oeste del país, por las operaciones militares en 2016 y 2017 que desembocaron en la huida a Bangladés de más de 730.000 miembros de esta etnia.
Mientras, un tribunal de Argentina también investiga otro proceso contra los militares birmanos por su supuesta implicación en el genocidio y otros delitos de lesa humanidad contra los rohinyá, presentada por una oenegé con base en la jurisdicción universal.
La sublevación militar de 2021 ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que el país vive desde hace décadas.
Entre diciembre y enero, la junta militar organizó unas elecciones generales, tildadas de "farsa" por la oposición democrática y gran parte de la comunidad internacional, donde se impuso con amplia ventaja el partido vinculado al Ejército.