La iniciativa, presentada oficialmente en marzo de 2025, forma parte del Pacto Europeo de Migración y Asilo y busca, según el Ejecutivo comunitario, armonizar los procedimientos de retorno, aumentar su eficacia y reducir la permanencia irregular en la UE mediante normas comunes de identificación, detención y expulsión.
En una declaración conjunta, impulsada por la ONG PICUM y Médicos del Mundo, los firmantes alertan de que el texto amplía las redadas migratorias en espacios públicos y privados, refuerza el uso de tecnologías de vigilancia y podría obligar a servicios públicos a colaborar con las fuerzas de seguridad.
"Las redadas migratorias no son nuevas en Europa, pero este reglamento ampliará y normalizará el perfilado racial, la vigilancia en los servicios públicos y operaciones similares a las del ICE en Estados Unidos, incluso en hogares privados", advirtió la directora de PICUM, Michele LeVoy, quien reclamó coherencia entre el discurso europeo en derechos humanos y las políticas internas de control migratorio.
A principios de marzo, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo (LIBE) votará un borrador sobre este reglamento que, según las ONG, incluye "medidas para detectar y detener personas indocumentadas en espacios públicos" propuestas por el Consejo de la UE.
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Desde el ámbito sanitario, la representante ante la UE de Médicos del Mundo, Andrea Soler Eslava, subrayó que "las leyes centradas en detectar y deportar según el estatus migratorio tienen un impacto directo en la salud", ya que disuaden a mujeres embarazadas, menores y personas con enfermedades crónicas de acudir a servicios médicos, "lo que es inaceptable y supone también un riesgo para la salud pública".