En una resolución, el alto tribunal declaró que Santoyo "incumplió gravemente y de forma injustificada su régimen de condicionalidad, específicamente la condición esencial de acceso y permanencia en el Sistema Integral para la Paz, consistente en aportar verdad plena".
Al ser expulsado, el oficial retirado pierde los "tratamientos especiales y beneficios otorgados por las autoridades judiciales y administrativas" previstas para los comparencientes ante la JEP, el tribunal transicional creado por el acuerdo de paz que firmaron en 2016 el Gobierno y la guerrilla de las FARC.
Sin embargo, el exjefe de seguridad de Uribe puede presentar un recurso de reposición, buscando que la JEP revise, aclare, modifique o revoque su decisión, o apelar.
El general retirado comparece ante la JEP en casos que investigan la victimización de miembros del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP) y los crímenes cometidos por la fuerza pública, o agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles, en el conflicto armado.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El alto oficial tiene dos procesos penales en su contra que están suspendidos parcialmente mientras permanezca sometido a la JEP.
Uno es por concierto para delinquir agravado y desaparición forzada, y otro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Por estos últimos delitos, Santoyo fue condenado ante la Justicia de Estados Unidos y cumplió una pena de 85 meses de prisión en extradición.
Igualmente fue aceptado en la JEP en septiembre de 2021 por los dos procesos antes mencionados. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a su vez, le concedió el beneficio transitorio de privación de la libertad en una unidad policial.
En una audiencia en marzo de 2024, Santoyo negó a los magistrados su responsabilidad por los hechos por los que es procesado y no aportó nada nuevo o relevante a la verdad.
Por esa razón, dos meses después la JEP denegó la libertad al general retirado de la Policía.
En caso de que Santoyo sea expulsado definitivamente de la JEP, las investigaciones en su contra serán remitidas a la justicia ordinaria y seguirá privado de la libertad.