Obando apeló, en una comparecencia ante la prensa, a la "independencia y la colaboración entre poderes" para abordar de forma conjunta la propuesta promovida por el diputado Francis Cabrera, del opositor Partido Liberal.
"Reitero mi disposición de contribuir a soluciones que garanticen la estabilidad del sistema de justicia y el bienestar de la ciudadanía", afirmó la magistrada.
La iniciativa presentada por Cabrera pretende modificar el decreto 282-2010, que regula aspectos clave del gobierno y la administración del Poder Judicial, incluido el funcionamiento del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
La propuesta legislativa busca reformar el artículo 3 del citado decreto para que la gestión administrativa del Poder Judicial deje de estar concentrada en la presidencia de la CSJ y pase a ser una facultad del pleno de los 15 magistrados, según el legislador.
Ante esto, la magistrada presidenta solicitó una "reunión de alto nivel" con el titular del Legislativo, Tomás Zambrano, y la comisión de dictamen para analizar "la situación" y adoptar "decisiones responsables en beneficio del orden constitucional".
El objetivo, según detalló, es asegurar que el parecer técnico-jurídico de la Corte Suprema de Justicia sea escuchado antes de cualquier ratificación, y pidió la instalación de una "mesa interinstitucional, donde en forma conjunta podamos abordar los posibles enlaces de la reforma propuesta" en el Parlamento.
Obando enfatizó que la intención es impulsar una "reforma integral" del sector justicia que incluya una discusión amplia sobre la ley del Consejo de la Judicatura, la Carrera Judicial y la actualización de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales (LOAD).
La titular del Supremo dijo que su solicitud está motivada por el fortalecimiento de la institucionalidad y la mejora del servicio a los ciudadanos, por lo que queda a la espera de una respuesta formal del Parlamento para iniciar las discusiones técnicas.
La CSJ y organizaciones del sector judicial han advertido que la reforma podría afectar la independencia del Poder Judicial, mientras que su promotor sostiene que la iniciativa pretende democratizar la toma de decisiones internas y evitar la concentración de funciones administrativas en el Supremo.