“Es de sentido común que el ‘insurrecto’ Yoon Suk-yeol y su grupo, que pisotearon la Constitución y la democracia, deberían recibir un castigo severo”, dijo Han Byung-do, miembro del PD, en una rueda de prensa en la Asamblea Nacional, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias local Yonhap.
Yoon impuso la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 con la justificación de proteger al pueblo de “fuerzas antiestatales”, en una medida que fue revocada apenas horas después por el Parlamento entre protestas masivas, y fue destituido en abril de 2025.
Desde entonces, añadió el portavoz del partido gobernante, Baek Won-sik, Yoon “no ha ofrecido ni una sola palabra de disculpas o de reflexión” sino que se ha limitado a “burlarse” de los ciudadanos del país asiático.
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En prisión preventiva de forma ininterrumpida desde el pasado julio, el exmandatario fue condenado a mediados de enero a cinco años de cárcel por obstrucción a la justicia, en el primer veredicto de los ocho juicios a los que se enfrenta.
La sentencia del caso por insurrección se dará a conocer el 19 de febrero; sin embargo, de ser condenado a pena de muerte, es poco probable que se ejecute el castigo, ya que existe una moratoria de las ejecuciones en el país desde hace casi 40 años.