"Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo reformas reales de sus leyes e instituciones judiciales y electorales. Cualquier otra cosa equivaldría a una transición simulada que quizás sirva los intereses de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, pero que no reivindicará los derechos del pueblo venezolano", advirtió en un comunicado publicado hoy la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.
La organización denuncia la celebración de "elecciones injustas" en Venezuela en la última década y afirma que los análisis de las actas electorales en los comicios de 2024 apuntan que la oposición liderada por Edmundo González y la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, debería haberse impuesto en esa ocasión.
"Las autoridades venezolanas deben adoptar medidas inmediatas para crear las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres y justas", insistió.
La ONG reclamó revisar la composición del Consejo Nacional Electoral, restaurar la independencia del poder judicial, destituir al fiscal general Tarek William Saab y derogar aquellas leyes que han permitido violaciones de derechos humanos.
HRW destacó también la reciente excarcelación de centenares de presos políticos, que calificó como "un alivio importante", pero subrayó que los mecanismos utilizados para detenerlos siguen en pie.
Según organizaciones de derechos humanos venezolanas, unas 400 personas (en torno a la mitad de las que Caracas asegura que han sido excarceladas desde diciembre) han sido liberadas recientemente pero apuntan que, pese que las excarcelaciones se han acelerado tras la captura en enero de Maduro por parte de EE.UU., otras 600 continúan detenidas por motivos políticos.
"El gobierno de Rodríguez debe permitir a los observadores internacionales de derechos humanos, incluidas la FFM (siglas en inglés de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el acceso sin restricciones a Venezuela para documentar la situación", exigió HRW.
Entre ellas, la organización pidió también a la Administración de la exvicepresidenta chavista que permita al alto comisionado de la ONU restablecer su oficina en el país, cerrada en 2024.