"Ya basta, hemos llegado a un genocidio", señaló uno de los tres miembros de la misión independiente, Mona Rishmawi, quien afirmó que la red de actores externos que proporciona armas y financiación para la guerra sudanesa es "compleja" y "se está expandiendo".
Por su parte, el presidente de la misión, Mohamed Chande Othman, adelantó que están pidiendo a varios Estados información sobre su implicación en el conflicto o la de compañías y entidades de esos países.
Además, la misión reiteró su petición de que se imponga un embargo de armas en Sudán, así como sanciones, la cooperación total con la Corte Penal Internacional y el uso de la jurisdicción universal con los comandantes mencionados en el informe, que "viajan por todo el mundo", apuntó Rishmawi.
El informe concluyó que durante el asedio de 18 meses de Al Fasher y la posterior matanza tras su toma en octubre por los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) se cometieron crímenes que podrían ser considerados genocidio contra las minorías no árabes de los zaghawa y los fur.
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La misión de investigación presentará sus conclusiones ante el Consejo de Derechos Humanos la próxima semana, durante su 61ª sesión, que se celebrará en Ginebra del 23 de febrero al 31 de marzo.