"La línea editorial e informativa independiente de los medios de comunicación que dirige Granasa, Expreso y Extra, se mantiene y se mantendrá inalterable. No hay poder en el mundo que pueda o vaya a doblegar la independencia de estos medios", dijo Carmigniani en una rueda de prensa realizada en Guayaquil.
"Y quien haya creído que por la vía de una improcedente, ilegal y prefabricada intervención de la Superintendencia de Compañías iba a conseguir ese objetivo se equivoca. Estos medios seguirán actuando con la independencia de siempre, pues la historia ya ha demostrado que esa actitud en defensa de los principios democráticos no cede frente a los abusos del poder", agregó el abogado.
La intervención por parte de esta institución estatal a Granasa, que se hizo pública el jueves, tiene como objetivo "supervigilar la marcha económica financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas, a fin de evitar perjuicios a sus socios y/o terceros".
Sin embargo, los medios han denunciado una persecución por parte del Gobierno de Noboa, que, dijeron, intenta "someter a una de las pocas voces críticas a su gestión que existen en Ecuador".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Como parte del proceso, el organismo estatal designó a una interventora que deberá presentar a la Superintendencia informes mensuales sobre lo realizado.
Carmigniani explicó este viernes que esto "no implica que el interventor se convierte en administrador de la compañía", sino que se necesita su aprobación para determinadas operaciones, como para firmar contratos.
"Nosotros queremos confiar en que este paso absurdo e ilegal que ha dado la Superintendencia no va a conllevar a que la interventora entorpezca el normal desenvolvimiento de la compañía", precisó.
"Confiamos en que las cosas no van a implicar un hostigamiento más a Granasa", reiteró.
De acuerdo a Granasa, el pedido de intervención nació de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), que ahora depende de la Presidencia, "aduciendo una calidad de accionista del 2,56 %, cuya propiedad atraviesa un proceso legal".
Inmobiliar solicitó a la editora de periódicos "información absolutamente sensible desde un punto de vista comercial", además del "detalle de lo que hacen los abogados frente a una persecución que enfrenta a Granasa", dijo el abogado.
Información que, a criterio de la empresa, no está en obligación de proporcionar porque existen "razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extra sociales o que su publicidad perjudique los intereses de la compañía", de acuerdo a la Ley de Compañías.
El abogado afirmó que este es el "cuatro frente" que se abre en contra de ellos, pues la Superintendencia también ha tratado de "adueñarse del 40 % de las acciones" de la empresa, al detectar supuestas irregularidades en un traspaso realizado hace seis años.
Y que surgieron investigaciones en el Servicio de Rentas Internas (administración tributaria) y la Fiscalía por supuesta defraudación tributaria y lavado de activos.
Esta intervención ha causado el rechazo de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que el jueves la tachó de "acto intimidatorio" contra el periodismo.