Un portavoz de Glovo explicó a EFE que la plataforma está dispuesta a "cooperar constructivamente" con la justicia italiana y aclaró que ni el Tribunal ni la Fiscalía han ordenado la contratación directa de los 40.000 repartidores que operan en el país.
En este sentido, Glovo presentará datos y hechos "relevantes para la investigación en curso" a fin de probar que cumple "con todos los requisitos legales" y que el sistema de compensación es adecuado.
La reacción de la empresa se produce después de que el juez de instrucción de Milán, Roberto Crepaldi, validara este jueves la medida de control judicial solicitada por el fiscal Paolo Storari contra Foodinho y contra su administrador único, de nacionalidad española.
La acusación sostiene que la compañía operaba bajo un sistema de contratación "en condiciones de explotación", aprovechándose del estado de necesidad de sus empleados, mayoritariamente extranjeros.
Según el fiscal, la empresa pagaba retribuciones que, en ciertos casos, eran un 81,62 % inferiores a las establecidas por el convenio nacional.
La investigación, de más de 50 páginas, recoge declaraciones de algunos repartidores que trabajan para Foodinho, todos extranjeros, que relatan trabajar hasta 12 horas al día, recibiendo apenas 2,50 euros por cada entrega a domicilio.
En agosto del pasado año un tribunal laboral de Milán ya obligó a la empresa Glovo a pagar más a sus repartidores en Italia debido al calor extremo, así como a proporcionarles equipos de protección, al considerar "inadecuadas" las medidas adoptadas por la compañía.