La ley es una iniciativa de la presidenta interina Delcy Rodríguez, que la impulsó al asumir el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.
“Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón”, dijo Rodríguez tras promulgar la norma en el palacio presidencial de Miraflores. Poco antes fue aprobada por unanimidad en el Parlamento.
“Ha sido un acto de grandeza”, calificó la mandataria interina. “Estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela”, auguró.
El gobierno interino anunció el 8 de enero un proceso de liberaciones.
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“Excluyente”
Según la oenegé Foro Penal, 448 opositores quedaron en libertad condicional desde entonces y todavía permanecen 644 tras las rejas en Venezuela.
El proyecto pasó por una consulta pública, que incluyó a juristas y familiares de presos políticos, así como negociaciones con la pequeña bancada opositora en la Asamblea Nacional.
“El balance de la ley es negativo”, resumió Ali Daniels, director de la oenegé Acceso a la Justicia, quien apunta “graves deficiencias estructurales”.
Los artículos claves
El artículo 8 especifica por ejemplo 13 momentos claves: desde el golpe de Estado al popular y fallecido presidente Hugo Chávez y la huelga petrolera de 2002 hasta las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024.
“Ya eso por sí mismo es excluyente y desconoce que la persecución ha sido continua” durante 27 años del chavismo, dijo el director de Foro Penal, Gonzalo Himiob.
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El artículo 9, por su parte, excluye a “personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras”.
También a señalados de corrupción, un delito con el que se asocian inhabilitaciones políticas contra opositores, según Daniels.