“Reza Saliyani, miembro de la junta directiva y jefe de prensa del Frente de Reformas de Irán, fue citado por la Fiscalía de Seguridad a petición del Ministerio de Inteligencia”, anunció en X la coalición de partidos reformistas que busca una apertura del país dentro del marco de la República Islámica.
El Frente denunció que la citación “parece formar parte del aumento de la presión judicial” en su contra, después de las detenciones y citaciones de otros de sus miembros.
La coalición reformista indicó que “el eje principal de los interrogatorios y detenciones” ha sido el contenido de su comunicado sobre la “tragedia de enero”, en referencia a la represión de las protestas antigubernamentales que causaron miles de muertos.
Señaló que en su manifiesto se pedía “investigar responsablemente el suceso y se propuso la creación de un comité independiente de investigación”.
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El Frente de Reformas además había destacado que “la única vía para salvar a Irán es implementar cambios fundamentales”.
Después de ese comunicado, seis políticos reformistas, entre ellos la jefa del Frente, Azar Mansouri, y su portavoz, Javad Emam, fueron detenidos, aunque ellos y otros dos fueron liberados días después bajo fianza.
Además del arresto de políticos, las autoridades también han lanzado una campaña de detenciones contra activistas críticos con la República Islámica en las últimas semanas, incluido el guionista Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película ‘Un simple accidente’, quien fue puesto en libertad el martes tras el pago de una fianza de 60.500 millones de riales (34.500 euros).
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre, cuando comerciantes se echaron a las calles por la depreciación del rial, pero fueron creciendo hasta convertirse en un movimiento ciudadano que pedía el fin de la República Islámica y que fue brutalmente reprimido los días 8 y 9 de enero.
El Gobierno iraní reconoce 3.117 muertos, mientras organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.015 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.700 posibles muertes y estiman unos 53.000 arrestos.