"Esperamos que esta semana adicional de debates internos permita hacer la propuesta todavía más sólida", explican desde el gabinete del vicepresidente comunitario de Industria, Stéphane Séjourné, sobre el nuevo retraso con respecto a la última fecha fijada para su presentación, el 26 de febrero.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha comprometido a adoptar antes de la cumbre de líderes de la UE del 19 y 20 de marzo la Ley, que se esperaba inicialmente para finales de 2025 pero se ha postergado en varias ocasiones.
El comisario francés ha argumentado que es normal que lleve tiempo consensuar una propuesta, puesto que incluir el concepto de "preferencia europea" en la legislación comunitaria supone un "significativo cambio de la doctrina económica europea".
La Ley de Aceleración Industrial es uno de los pilares de la estrategia de la UE para ganar competitividad en un contexto marcado por la competencia desleal de China y la ofensiva arancelaria de la Administración Trump en Estados Unidos y cuenta con el apoyo de la mayoría de Estados miembros y grupos políticos de la Eurocámara, así como de patronales y sindicatos.
Sin embargo, existen divergencias sobre cómo definir y calibrar, en particular, la apuesta por el 'Made in Europe'.
La Ley prevé introducir requisitos de fabricación europea en las licitaciones y concesión de subsidios públicos en sectores estratégicos como energías renovables y tecnologías limpias, así como fijar obligaciones de producción y contratación local a grandes inversores extranjeros, entre otras medidas.
En diciembre pasado un grupo de diecinueve países, incluidos Francia, España, Alemania e Italia, firmaron una declaración en la que reclamaban "esquemas de preferencia de la UE viables, específicos y administrativamente ligeros" en áreas de producción industrial estratégica "seleccionadas" y "donde otros instrumentos no hayan logrado resultados suficientes".
Ese mismo mes, otros seis socios - Suecia, Finlandia, Países Bajos, Estonia, Letonia y Lituania- llamaban a la cautela en un documento en el que instaban a no aplicar de forma generalizada la preferencia europea puesto que, argumentaban, podría dificultar el acceso de las empresas europeas a tecnologías líderes, perjudicar los intercambios con otros mercados y alejar inversiones de la UE.
Los críticos con la medida señalan que el giro proteccionista podría ir demasiado lejos, infringiendo las normas de la OMC e irritando a socios comerciales como Reino Unido y Japón, mientras que sus defensores argumentan que otras potencias ya aplican este tipo de políticas.
"Todas las grandes economías ya dependen de políticas de contenido local. Si la UE quiere garantizarse una parte del paisaje industrial emergente debe adaptarse a las nuevas realidades del comercio global", apunta el director del centro de estudios Strategic Perspectives, Neil Makaroff, para quien la propuesta es "pragmática".
La Confederación Europea de Sindicatos también urgió a aprobar la Ley para responder con una "ambición comparable" a la de competidores globales que "están desplegando inversiones públicas a gran escala, estrategias industriales coordinadas y claras garantías de producción".
"Mientras otros debaten sobre 'simplificación', las fábricas están cerrando, las decisiones de inversión se toman en otras partes y las comunidades tienen incertidumbre. Europa necesita ahora una Ley de Aceleración Industrial que asegure producción, apoye a sectores estratégicos y garantice empleos de calidad", dijo su secretaria general, Esther Lynch.