Será la primera vez que la corte de garantías examine esta cuestión, el "incumplimiento" de un deber constitucional del Ejecutivo. La decisión fue tomada por unanimidad a propuesta de la magistrada Laura Díez, dijeron a EFE fuentes jurídicas.
"El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los diputados los presupuestos generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior", según la Constitución española.
Los presupuestos vigentes son los de 2023, aprobados por el parlamento anterior a las elecciones generales de julio de aquel año, y prorrogados tres veces consecutivas por falta de unas nuevas cuentas públicas.
El conflicto planteado por el Senado, donde la oposición conservadora dispone de mayoría absoluta, se basa en el argumento de que la no presentación del proyecto de cuentas del Estado y el "abuso indefinido de la prórroga presupuestaria" vulneran la Constitución.
El Gobierno, que preside el socialista Pedro Sánchez, ha reiterado en numerosas ocasiones, desde que comenzara esta legislatura, que presentará los presupuestos.
En el aplazamiento subyace la debilidad parlamentaria del Ejecutivo y la dificultad de conseguir el apoyo de toda una serie de pequeños partidos de izquierda y de nacionalistas e independentistas catalanes y vascos representados en el Congreso, con el riesgo de que la propuesta presupuestaria gubernamental sea rechazada.
Recientemente, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió en que se presentarán "en el primer trimestre de este año".