Transcurridos 24 días de juicio, la jueza Baloisa Marquínez se acogió este viernes al término legal "que va a ser un poco más de los 30 días, conforme al código que también lo permite, por el volumen del proceso", para emitir sentencia contra los implicados por el delito de blanqueo de capitales.
"Doy por cerrada la sesión por haber finalizado este acto de audiencia, siendo las 8 de la noche con 33 minutos. Gracias", concluyó la juez.
La audiencia presidida por Marquínez comenzó el pasado 12 de enero tras ser aplazada hasta en seis ocasiones desde 2023 por diversos motivos, el más reciente por falta de unas "asistencias internacionales" de Brasil, así como por las complicaciones para la citación en su momento del expresidente Martinelli, asilado en Colombia.
En Panamá -uno de los últimos países en llevar a juicio el caso-, además de los sobornos para hacerse con grandes obras públicas, se investigó la presunta financiación ilegal de los dos partidos mayoritarios, con más de 30 acusados de blanqueo, incluidos los expresidentes Martinelli, ya condenado por otra causa, y Juan Carlos Varela (2014-2019).
Esta última semana, la Fiscalía sustentó sus "alegatos finales" con pruebas del Departamento de Justicia de EE.UU., la Policía de Andorra y delaciones de colaboradores brasileños.
A menudo se hizo referencia al juicio de Odebrecht en Estados Unidos, en el que los hijos del expresidente Martinelli fueron condenados a cárcel al admitir haber pagado sobornos por "órdenes del padre".
La Fiscalía solicitó condena para 16 personas, entre estos un expresidente (Martinelli) y 5 exministros, uno de los cuales fue candidato presidencial (José Domingo Arias), así como la absolución para 5, y resarcimiento económico al Estado como indemnización.
En relación al exmandatario Martinelli, la fiscal Ruth Morcillo señaló que "existen los elementos probatorios que permiten sustentar una condena para el acusado", según un comunicado del Ministerio Público (MP).
Al expresidente Martinelli, quien ha asistido de manera virtual al estar asilado en Colombia, la Fiscalía lo vincula con "pagos corruptos" de sobornos realizados por la constructora brasileña.
Los hijos de Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique, así como el expresidente Juan Carlos Varela, enfrentarán el proceso por este caso ante la Corte Suprema de Justicia debido a su condición de miembros del Parlamento Centroamericano, lo que les otorga fuero especial.
La investigación se abrió en 2015 en Panamá, fue archivada, reabierta en 2017 -luego que la empresa confesó en EE.UU. que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países, incluida la nación centroamericana- y culminó en octubre de 2018.
Odebrecht pagó en Panamá más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora brasileña en el país centroamericano.
La Fiscalía argumenta que hubo un gran esquema de corrupción para blanquear el dinero obtenido de sobornos para hacerse con obras públicas y donaciones para campañas políticas, por medio de sociedades en países como Suiza o Andorra, empresas, bancos y testaferros.
Durante el transcurso de la investigación, se sancionó a Odebrecht con una multa de 220 millones de dólares, de los cuales a la fecha han pagado la suma de 78 millones de dólares. Además se decomisó dinero por una cantidad de 16 millones de dólares en Panamá, y en jurisdicciones extranjeras la suma de 43 millones, según la Fiscalía.