La Conaie señaló en un comunicado que "esta iniciativa del Ejecutivo, respaldada por el Legislativo, pone en riesgo los recursos naturales estretégicos del Estado y amenaza el agua como recurso hídrico fundamental para la vida de los pueblos".

"Una vez más, bajo la figura de urgencia económica, se imponen decisiones que favorecen los intereses extractivistas por encima de los derechos colectivos, los territorios y la naturaleza", apuntó la Conaie.

La norma fue aprobada con 77 votos a favor, el número mínimo para poder salir adelante, cuestionada por los movimientos indígenas que temen afectaciones ambientales y al agua al debilitar el control ambiental.

La iniciativa busca fortalecer el desempeño operativo en los sectores minero y de energía mediante una regulación eficiente que promueva la generación de ingresos fiscales y divisas, y contribuya a la sostenibilidad fiscal y a la estabilidad macroeconómica del Estado.