En un comunicado, la oficina presidencial indicó: "A partir de hoy quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto".
Según el Gobierno de Milei, con la sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil, "Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XXI".
El comunicado añadió que el presidente Milei "destaca la labor de los legisladores que comprendieron que la seguridad de los argentinos y la protección de las victimas deben estar por encima de todo".
"Esta reforma salda una deuda histórica y devuelve a la Justicia las herramientas necesarias para terminar con la impunidad y el caos que reinó durante décadas", concluyó.
El Senado argentino aprobó este nuevo Régimen Penal Juvenil por 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
La iniciativa se convirtió en ley tras haber recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados, el pasado 12 de febrero.
Según la nueva normativa, las penas privativas de libertad no podrán superar los 15 años y se podrán cumplir en el domicilio, en un centro de menores o en una sección separada de un establecimiento penitenciario.
Cuando las condenas sean de hasta tres años, o de entre tres y 10 años y no correspondan a delitos graves, la pena de prisión será sustituida por otras sanciones, como amonestaciones, prohibición de contacto con la víctima, inhabilitación para conducir vehículos, restricción de concurrir a determinados establecimientos recreativos o de salir del país, así como la prestación de servicios a la comunidad.