Un juez del condado de Travis desestimó formalmente el caso en contra de Carmen Mejía, de 54 años, poniendo fin a una condena que la mantuvo por 22 años en prisión, según recogen hoy medios locales.
A finales de enero, un tribunal de apelaciones la declaró inocente, después de que salieran a la luz nuevas pruebas en su caso que demostraron que la muerte de un bebé de 10 meses que tuvo bajo su cuidado en 2003 fue un accidente y no un homicidio.
Pese a este fallo a su favor, Mejía no fue liberada tras la audiencia, debido a una norma que fuerza a las autoridades locales a mantener retenidas por 48 horas a las personas a petición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras se decide si pueden ser deportadas o enviadas a un centro de detención para migrantes, o puestas en libertad.
"Mejía logró sobrevivir más de dos décadas en prisión impulsada por la esperanza de reunirse algún día con sus hijos. Sería la máxima injusticia que, después de vencer todos los obstáculos y demostrar finalmente su inocencia —una tarea hercúlea—, en lugar de recuperar su libertad sea trasladada a otra forma de encarcelamiento", afirmó Vanessa Potkin, abogada de la ONG Innocence Project, en un comunicado.
Mejía llegó a Estados Unidos desde Honduras en 1995 huyendo de la pobreza y de un entorno familiar abusivo. Tenía estatus de protección temporal (TPS) y permiso de trabajo cuando fue arrestada en 2003, de acuerdo con información de la ONG.
Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que el bebé murió porque un adulto lo mantuvo intencionalmente bajo agua hirviendo.
Décadas después, expertos concluyeron que las lesiones eran compatibles con un accidente doméstico causado por agua extremadamente caliente proveniente del calentador de la vivienda, que no tenía dispositivos de seguridad para controlar la temperatura.
Durante la audiencia de exoneración, la fiscal adjunta del condado de Travis, Sarah Byrom, reconoció el error judicial.
"Señora Mejía, hoy reconocemos que nuestra oficina le falló. El Estado la procesó y obtuvo una condena por lo que ahora entendemos fue un accidente trágico", dijo.
El juez del caso, P. David Wahlberg, también pidió a las autoridades federales que tengan en cuenta las circunstancias antes de tomar una decisión migratoria.
"Reconozcan que Carmen Mejía ha pasado casi 23 años bajo custodia del estado de Texas por algo que no fue un delito", señaló el magistrado, quien advirtió que deportarla "sería agravar la tragedia que ya ha ocurrido".
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, su administración ha ampliado las detenciones y deportaciones y ha impulsado el uso de mecanismos como la expulsión acelerada, que permite deportar a ciertos migrantes sin una audiencia judicial completa.
Además, las autoridades migratorias han incrementado los arrestos en el interior del país y el uso de la detención obligatoria, mientras que el número de personas retenidas en centros de inmigración alcanzó niveles récord en 2025, según American Immigration Council.
Mientras tanto, Mejía —que no vio crecer a sus cuatro hijos durante más de dos décadas— espera la decisión de las autoridades federales que determinará si, tras demostrar su inocencia, podrá finalmente reconstruir su vida en Estados Unidos o enfrentará una nueva separación de su familia.