Bruselas abrió expediente a España por estos asuntos en enero de 2025 y lanzó sendos ultimátum al país en julio del mismo año, pero España "aún no ha notificado la transposición de ambas directivas al derecho nacional" y además "es el único Estado miembro que no lo ha hecho".
"Por tanto, la Comisión lleva a España ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitando la imposición de sanciones financieras", explica el Ejecutivo comunitario.
La primera de las normativas que España no ha adoptado a nivel nacional deja a los Estados miembros decidir libremente si quiere aplicar dentro de sus propias fronteras el llamado IVA franquiciado que permite no repercutir el IVA a las pymes que facturen menos de 85.000 euros al año.
España ha indicado que "no tiene intención" de aplicar esta exención que es "opcional" para los países en el ámbito doméstico. Sin embargo, Bruselas subraya que "debería transponer las disposiciones que permiten a las pymes establecidas en España aplicar el régimen de exención en otros Estados miembros".
"Esto es necesario ya que, para que una pyme establecida en España obtenga la exención en otro lugar de la UE, primero debe registrarse ante las autoridades españolas", explica la institución.
La segunda directiva que España incumple contempla disposiciones obligatorias con respecto al lugar de prestación de determinados servicios cuando son retransmitidos o estén disponibles en línea, así como el régimen especial del IVA para productos de segunda mano, trabajos artísticos, antigüedades y artículos de coleccionista.
En este sentido, la Comisión apunta que el hecho de que España no haya adoptado estas normas "conlleva el riesgo de doble imposición o de no imposición, ya que los otros veintiséis Estados miembros han transpuesto la directiva y aplicarán normas diferentes".