En un informe, el GAFI aconseja en particular que los países y jurisdicciones registren y supervisen a esos operadores con un enfoque basado en las actividades que realizan allí, independientemente de su lugar de creación o de su sede.
A ese respecto, señala que sólo el 46 % de las jurisdicciones han adoptado ese enfoque sobre la actividad que somete a los proveedores de criptomonedas domiciliados en el extranjero (VASP, en sus siglas en inglés) a mecanismos de control contra la financiación ilícita.
Y hace hincapié en que las diferencias de regulación a las que están sometidos esos VASP pueden generar "lagunas" explotadas por los delincuentes y que dificultan la capacidad de las autoridades para llevar a cabo la supervisión, pero también para una cooperación eficaz a nivel internacional.
Los autores del informe describen métodos utilizados para ocultar movimientos de ganancias ilícitas, como la distribución de fondos obtenidos de víctimas de fraudes entre múltiples direcciones, el envío de transacciones a través de carteras que sirven de intermediarias para encubrir el destino final o el uso de múltiples cadenas de bloques para borrar pistas.
La presidenta del GAFI, la mexicana Elisa de Anda Madrazo, destaca que este trabajo pone en evidencia cómo esos operadores "crean puntos ciegos que los delincuentes están explotando claramente para estafar a personas vulnerables mediante fraudes o fomentar el terrorismo en todo el mundo".
Por eso Anda de Madrazo pide a todos los países, pero también al sector privado, que apliquen las buenas prácticas que recomienda su organización y que se aplique de forma estricta la supervisión y la cooperación internacional, teniendo en cuenta que los activos virtuales traspasan las fronteras "en segundos".
Más allá del consejo de que los supervisores apliquen un enfoque basado en las actividades a los VASP que evite una ausencia de seguimiento de las operaciones en el extranjero, el GAFI pide también que se apliquen sanciones cuando se incumplen las obligaciones contra el blanqueo o la financiación del terrorismo.
También que no establezcan o mantengan relaciones comerciales con operadores que no tienen licencia o no estén registrados.