"Estas organizaciones de 'defensa de los derechos humanos', a las que muchos medios nacionales e internacionales (The Guardian, France 24, El País, los medios de Open Society, entre otros) les están dando amplia cobertura, y que están siendo retomados por miles de periodistas, activistas y políticos locales y extranjeros, están exigiendo que el Estado de El Salvador libere al 100% de los pandilleros capturados desde el inicio del Régimen de Excepción", publicó Bukele en X.
Agregó que "ya ni siquiera lo disimulan", porque "literalmente afirman que 'más de 89.000 personas fueron capturadas arbitrariamente', que sus derechos humanos están siendo violados y que se han cometido crímenes de lesa humanidad".
"Bajo esa lógica, la liberación del 100% de los detenidos pasaría a ser una obligación de todo Estado. Incluso, en su exposición, uno de los 'expertos' deja claro que su denuncia no se refiere únicamente a supuestos opositores políticos o a personas inocentes, sino que también incluye a 'miembros de pandillas o personas percibidas como tales'", indicó Bukele en el texto.
"Me alegra que se hayan quitado la máscara, porque antes siempre intentaban matizar sus denuncias. Ahora lo han dicho con claridad: Quieren la liberación del 100% de los pandilleros y que El Salvador vuelva al estado en que se encontraba antes del Régimen de Excepción; es decir, al país más peligroso del mundo", subrayó.
El informe, presentado en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Guatemala el 10 de marzo, fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).
"El informe concluye que existen bases razonables para creer que, en el marco del régimen de excepción, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)", señala el documento leído durante la sesión.
Además, "los casos documentados indican la existencia de una política de actuación policial y militar, conocida y promovida incluso por los más altos mandos del Gobierno del presidente Nayib Bukele".
Sin embargo, en el informe, que también fue presentado en Bruselas (Bélgica), no se llama a liberar a la totalidad de detenidos, sino a "establecer mecanismos excepcionales para liberar a miles de personas detenidas sin pruebas, asegurando que quienes recuperen su libertad no representen un riesgo para la seguridad".
El régimen de excepción, que es una medida popular entre la población y le granjeó a Bukele su reelección, se implementó a finales de marzo de 2022 tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana, situación atribuida a las violentas pandillas.
Organizaciones locales indican que han recibo más de 6.400 denuncias de atropellos a derechos humanos y bajo esta medida de emergencia, además de cerca de 500 muertes de detenidos.