Cruz -una de las portavoces de la organización humanitaria Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc)- y su colega Rudy Joya "huyeron", según Naciones Unidas, del “acoso legal” en El Salvador y solicitaron protección internacional en territorio español.
La abogada, que acompañó a comunidades en riesgo de desalojos forzados, denunció casos de corrupción en el Gobierno y de violaciones a derechos humanos en el marco de un régimen de excepción, está siendo procesada en ausencia en su país por tres delitos, entre ellos agrupaciones ilícitas.
Su caso, señaló, "es un ejemplo de cómo son utilizadas en El Salvador las instituciones de justicia para perseguir, judicializar injustamente y criminalizar a defensores y críticos".
Para Cruz, "en algún momento la popularidad de Bukele caerá y esto provocará que se vuelva más violento ante las voces críticas" y "esa violencia la utilizará con todo el aparato estatal para aumentar la criminalización".
"En El Salvador es un riesgo decir la verdad, hacer una crítica como defensores, como periodistas y como medios de comunicación", dijo y apuntó que todo lo anterior la "lleva a pensar que en el país se consolida una dictadura a largo plazo".
Cruz y su compañero Joya, otro de los portavoces de Unidech, salieron de El Salvador en enero de 2025 para participar en una serie de eventos a invitación de organizaciones y partidos políticos del País Vasco (norte de España) y su regreso estaba programado para marzo de ese mismo año.
Sin embargo, el 25 de febrero fue arrestado Fidel Zavala, integrante de Unidech que estuvo detenido por 13 meses bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que suspende garantías constitucionales, y tras su liberación denunció situaciones de tortura en las prisiones y de muertes de reos.
Esta provocó que los abogados decidieran no regresar a El Salvador y comenzar en España los trámites de asilo.
La Justicia salvadoreña comenzó entonces un proceso penal contra Zavala, Joya y Cruz tras reiteradas muestras de respaldo a una comunidad rural que enfrenta intentos de desalojo forzoso desde 2024.
La abogada asegura que no tendrán un juicio justo en El Salvador, porque "no habrá una sentencia conforme a derecho".
"Nosotros seguimos con la inseguridad jurídica de este proceso en El Salvador. Pero nos llena de esperanza la resolución de asilo por parte de España, porque ayuda a cualquier salvadoreño que está perseguido", expresó.
Unidehc es una organización que nació en 2019 con el fin de educar a las personas y a las comunidades en tema de derechos humanos, según sus portavoces.
A partir de 2021, la ONG brindó su acompañamiento a las comunidades en riesgo de desalojos forzosos y denunció casos de corrupción en el gobierno. Luego su trabajo se enfocó en brindar asistencia legal a familiares de personas detenidas "arbitrariamente" en el contexto del régimen de excepción.