El cese de hostilidades se produce tras el bombardeo contra el Hospital Omid en Kabul, un ataque que ha supuesto un punto de inflexión para Islamabad en su denominada "lucha contra el terrorismo" ante una presión internacional que busca evitar un nuevo frente de guerra en el sur de Asia.
La noche del lunes, las autoridades de facto de Kabul denunciaron un bombardeo contra el Hospital Omid, un centro de rehabilitación para drogodependientes en el Distrito 9 de la capital afgana, que redujo a cenizas gran parte de las instalaciones mientras unos 2.000 pacientes dormían.
Según el balance de Afganistán, el ataque causó al menos 408 muertos y 265 heridos, una cifra que la ONU está verificando.
Según Islamabad, el Hospital Omid se encuentra a varios kilómetros del antiguo Camp Phoenix, una antigua base de la OTAN que fue el objetivo real del ataque, ya que según su versión funcionaba como un arsenal y búnker encubierto de la insurgencia.
Desde finales de febrero, Pakistán mantiene lo que ha calificado como una "guerra abierta" contra los grupos insurgentes que, asegura, operan desde suelo afgano bajo el resguardo de los talibanes y de cuya financiación acusa a la vecina India.
Según el Ejército paquistaní, su principal objetivo es el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), a quienes responsabiliza de la reciente oleada de atentados en su territorio y de utilizar Afganistán como base de operaciones y arsenal.
Su ofensiva "Operación Ghazab-lil-Haq" desencadenó una grave escalada en la Línea Durand, la porosa frontera de facto que separa a ambos países, donde las tropas han intercambiado fuego de artillería pesada provocando numerosas bajas en ambos bandos.
El Gobierno talibán respondió con la operación "Red-ul-Zulm", lanzando contraataques terrestres y empleando por primera vez drones armados que lograron alcanzar objetivos estratégicos cerca de Islamabad, elevando la tensión a un nivel de preguerra regional.
Mientras, continúa el desamparo de decenas de familias que se concentran desde el martes frente a las ruinas del centro donde estaban sus allegados, sin información de su paradero ni esperanza después de que el Gobierno diera por finalizadas las tareas oficiales de búsqueda entre los escombros.
El entierro masivo es el punto de inflexión de la tragedia, que afecta a los más vulnerables: personas ajenas a la guerra y la política que vivieron sin dignidad ni cuidados y que, tras su muerte, han sido sepultadas sin los ritos individuales que dicta su cultura.
El Consejo de Seguridad anunció el lunes una prórroga de sólo tres meses bajo la presión de Estados Unidos, que insistió en poner fin a una de las operaciones más caras y complejas de las Naciones Unidas.
Ante el riesgo de una desestabilización regional, potencias como China han ejercido una firme presión sobre ambas capitales para frenar un conflicto que amenaza directamente sus intereses económicos, especialmente el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC).
A este reclamo se han sumado la Unión Europea y otras potencias globales, mientras organizaciones como la OMS y diversas ONG de derechos humanos urgen a realizar una investigación independiente.