A través de un comunicado, solicitaron a la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía del Parlamento que recomiende al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la habilitación de tribunales itinerantes y taquillas regionales especializadas para tal fin.
Las organizaciones y activistas fundamentaron esta petición citando la Constitución, así como competencias de la Ley Orgánica del TSJ y la Ley Orgánica del Poder Judicial que establecen la creación de "tribunales especiales, móviles o temporales cuando existan barreras territoriales o económicas que limiten el acceso a la justicia".
En este contexto, indicaron que los costos de traslado desde 20 estados del país hacia Caracas pueden superar, en promedio, los 120 dólares por persona, lo que "constituye un obstáculo desproporcionado para quienes buscan ejercer un derecho que debe ser accesible, gratuito y expedito".
A modo de ejemplo, mencionaron que, según cifras oficiales, la implementación de tribunales con competencia nacional y el despliegue de tribunales móviles permitió atender a "más de 177.000 personas en 2024, realizar más de 21.299 gestiones legales en un solo trimestre de 2025 y activar más de 130 tribunales móviles en 116 municipios del país".
A su juicio, esto evidencia que "cuando el TSJ decide actuar, puede movilizar equipos, jueces y personal administrativo a cualquier región del territorio nacional, garantizando presencia institucional y respuesta efectiva", lo que confirma, subrayó el comunicado, que la justicia "puede desplazarse hacia las comunidades y no al revés".
"La descentralización mediante tribunales itinerantes o taquillas regionales es una medida urgente para garantizar que la amnistía llegue efectivamente a todos los presos políticos excarcelados, sin importar su estado de residencia", concluyeron las organizaciones firmantes, entre ellas Provea y Acceso a la Justicia.
La Ley de Amnistía, promulgada en febrero, contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares.
Hasta el pasado jueves, el Parlamento cifraba en 7.727 las libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares, como presentación periódica en tribunales o la prohibición de salida del país, mientras que los otros 253 estaban encarcelados.