“Estamos profundamente preocupados por las implicaciones de esta ley sobre los avances en salud pública del país y urgimos al presidente a no firmarla”, indicó el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) en un comunicado.
También pidieron respectar la cláusula de salvaguarda en materia de salud pública en el proyecto donde afirma que “las actividades realizadas por estructuras y organizaciones de salud debidamente autorizadas en el marco de políticas de salud pública no serán consideradas delitos”.
ONUSIDA recordó que Senegal se comprometió a través de su Ministerio de Salud a garantizar que las personas con VIH puedan acceder a la atención que necesitan y a realizar campañas de prevención.
“Estos logros han salvado vidas y representan una inversión en la salud y futuro del pueblo senegalés”, agregó el organismo.
La agencia advirtió que “la criminalización hace que las personas se alejen de los servicios de salud y aumenta el estigma y la discriminación hacia grupos ya marginados”.
De acuerdo a datos de la ONU, en Senegal, el 79 % de las personas que viven con el VIH reciben tratamiento, pero entre 2010 y 2024, las nuevas infecciones aumentaron un 36 %, convirtiéndolo en uno de los cuatro países de la región de África occidental y central que experimentan un aumento en las nuevas infecciones por VIH.
La organización llamó a las autoridades a garantizar la plena implementación de la cláusula de salud pública, proteger la confidencialidad médica, permitir que las organizaciones comunitarias continuar sus actividades sin temor a persecución y mantener los canales de financiamiento internacional.
“Poner fin al SIDA requiere llegar a todas las personas, en particular a las más vulnerables. ONUSIDA mantiene su compromiso de trabajar junto con Senegal para erradicar el SIDA como amenaza para la salud pública en el país”, concluyó el documento.
La ley fue aprobado el 12 de marzo pasado tras un debate en el Parlamento unicameral, que se prolongó durante diez horas, terminó con 135 votos a favor, tres abstenciones y ningún voto en contra.
La Asamblea Nacional de Senegal (Parlamento unicameral) aprobó a última hora del miércoles un proyecto que castiga con cinco a diez años a personas del mismo sexo que mantengan relaciones consentidas, así como la “promoción, apoyo o financiación” de la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad.
El proyecto también incrementó las multas, que podrían alcanzar los 10 millones de francos CFA (más de 15.000 euros), frente a los 1,5 millones actuales (cerca de 2.300 euros), y persigue a los culpables de hacer “apología” de las relaciones homosexuales.
La reforma se produjo en un contexto de presión social y mediática en torno a la homosexualidad en este país de mayoría musulmana, donde el tema continúa siendo tabú.