En un comunicado, el Ejecutivo somalí condenó "enérgicamente" esta decisión, y afirmó que seguirá "cumpliendo con sus responsabilidades" en la región.
Asimismo, pidió que el Estado del Suroeste "siga participando en los procesos democráticos y de reconciliación", en lugar de tomar decisiones que "puedan amenazar la paz, la seguridad y la estabilidad" del país.
Las autoridades centrales también afirmaron que trabajan "activamente" para reducir estas tensiones y abordar la situación mediante el diálogo, después de que la región acusase al Gobierno de interferir en sus competencias.
Dichas acusaciones tienen que ver con la aprobación el pasado 8 de marzo de una nueva Constitución en el país, que ponía fin a 14 años de carta temporal, si bien algunos opositores cuestionaron si se aprobó con un consenso pleno, y expresaron dudas sobre la inclusividad y legitimidad política del proceso.
El presidente del Estado del Suroeste, Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen, declaró este miércoles que cualquier cambio en la Constitución Provisional de 2012 es "ilegal e inválida", y tachó de "ilegítima" cualquier modificación.
Laftagareen instó al presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, a convocar de forma urgente al Consejo Consultivo Nacional, y pidió que las conversaciones se celebren en un lugar neutral y seguro antes del 14 de abril, fecha en la que se debían celebrar nuevas elecciones parlamentarias con base en la anterior Constitución.
La nueva legislación aumentó igualmente en un año tanto el mandato parlamentario como el presidencial (este último expiraba el 15 de mayo).
Además, el mandatario regional culpó a Mohamud de contribuir a la fragmentación nacional, socavar la unidad del país y facilitar la creación de milicias que podrían empujar al país hacia una guerra civil.
Laftagareen también dimitió como miembro del gobernante Partido de Justicia y Solidaridad (JSP).
Este miércoles se suspendieron los vuelos desde Mogadiscio a Baidoa, capital del Estado del Suroeste, lo que afectó a cientos de pasajeros, incluidos altos funcionarios de la región somalí.
Aunque Baidoa acusó a Mogadiscio de imponer políticamente una "prohibición de viajar", la Autoridad de Aviación Civil de Somalia negó haber decretado una prohibición oficial.
En respuesta, el Estado del Suroeste prohibió a políticos o funcionarios del Gobierno federal aterrizar en el aeropuerto de Baidoa sin aprobación de las autoridades regionales.
Del mismo modo, anunció que desplegará fuerzas de seguridad adicionales en lugares estratégicos de la capital.
Todo ello ocurre mientras Somalia combate al grupo terrorista Al Shabab, que controla zonas rurales del centro y el sur, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.
Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.