En concreto, urgen a la institución que lidera Ursula von der Leyen a "presentar sin retrasos" una batería de medidas "selectivas" y "temporales" para "abordar los recientes repuntes" en los precios de los combustibles fósiles, que alcanzaban los 107 euros en el caso del barril de brent y los 61 euros el megavatio/hora (MWh) al finalizar la cumbre.
Además, los Veintisiete piden al Ejecutivo comunitario acciones urgentes sobre "todos los componentes de los precios de la electricidad" para "reducir los precios de la electricidad y abordar la volatilidad excesiva en el corto plazo, también para los sectores intensivos en energía, teniendo en cuenta las diferentes situaciones en los Estados miembros".
En una rueda de prensa, Von der Leyen ya anticipó que flexibilizará las normas sobre ayudas públicas para permitir a los gobiernos desplegar ayudas a las empresas afectadas, propondrá una normativa para "mejorar la infraestructura de la infraestructura de red" e incentivará las rebajas de impuestos sobre la electricidad "para asegurar que está menos gravada que los combustibles fósiles".
Por su parte, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, trasladó a los líderes que cualquier respuesta fiscal al shock energético derivado el conflicto debería ser "temporal, selectiva y a medida", así como que la independencia energética es "esencial" para el bloque, según fuentes con conocimiento de la discusión.
La cuestión energética dominó el debate de los jefes de Estado y de Gobierno sobre la competitividad de la economía europea, lastrada por la dependencia en las importaciones de materias primas energéticas y por un precio de la electricidad que es estructuralmente superior al que se paga en otras potencias mundiales.
Así, los líderes mantienen que la forma "más efectiva para lograr la autonomía estratégica de Europa" y abaratar los precios energéticos sigue siendo avanzar en la descarbonización de la economía y apostar por una energía "limpia, abundante y casera".
Al mismo tiempo, reconocen la necesidad de "soluciones específicas" en el corto plazo para "garantizar una energía asequible" teniendo en cuenta tanto la "neutralidad tecnológica" como las "situaciones específicas de los Estados miembros".
En la misma línea, se comprometen a acordar este año la última normativa sobre redes eléctricas y a reforzar las interconexiones tanto nacionales como entre países del bloque, entre las que se encuentra el proyecto para conectar la península ibérica con Francia a través de los Pirineos.
El punto que generó más roces entre los Estados miembros durante la cumbre fue la revisión del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), el principal instrumento del bloque para incentivar la reducción de emisiones de CO2 de la industria europea.
Desde su creación en 2005, este sistema obliga a unas 11.000 plantas industriales a comprar derechos de emisión de carbono y una decena de países, entre ellos Austria, Polonia, Eslovaquia o Hungría critican que actualmente representa un "riesgo existencial" para muchos sectores estratégicos.
La italiana Giorgia Meloni es partidaria incluso de suspender el ETS hasta que se reforme y el alemán Friederich Merz también apuesta por ajustarlo, pero el instrumento es defendido por otro gran grupo de países, entre ellos España, Francia y los nórdicos.
"Debemos encontrar flexibilidades que nos permitan (...) responder a la crisis. Pero hay que mantener la estructura, la filosofía y el enfoque", expresó el presidente francés, Emmanuel Macron, en un mensaje similar al que compartió el neerlandés Rob Jetten, dispuesto a ajustarlo pero no a "revocarlo" porque es una política "crucial" para que Europa sea un continente "más verde y fuerte" en el futuro.
Con este contexto, el documento de los líderes recoge los dos puntos de vista y pide a Bruselas presentar una revisión del sistema como tarde en julio con el objetivo de "mitigar" el impacto del carbono en el precio de la electricidad, pero garantizando al mismo tiempo que "preserve su papel esencial en la transición climática y energética".
Von der Leyen precisó que actuará en cuatro frentes: en los próximos días actualizará los criterios para el reparto de créditos gratuitos de emisión y también aumentará la reserva de estabilidad del mecanismo a fin de "reducir la volatilidad" del precio del CO2.
Para el "medio plazo" quedarán otras encaminadas a fijar una "trayectoria más realista" en la retirada de derechos de emisión, una ampliación de los créditos gratuitos "más allá de 2035" y medidas para garantizar la "igualdad de condiciones" para el sector marítimo.