La disposición desarrolla el marco orgánico y el funcionamiento del Comité para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional, creado en 2018 y presidido por el jefe del Ejecutivo, al que se otorgan competencias decisivas en causas vinculadas a esta materia.
El texto habilita a los tribunales que instruyan casos relacionados con la seguridad del Estado a consultar al comité cuando consideren que la celebración de vistas abiertas podría comprometer intereses sensibles.
Si ese órgano concluye que la causa afecta a la soberanía nacional, podrá ordenar que las audiencias se celebren sin presencia de público ni medios.
La decisión será definitiva y no podrá ser objeto de apelación o revisión por otras instancias, lo que confiere al comité un papel determinante en la gestión de este tipo de expedientes y reduce el margen de supervisión judicial sobre sus criterios.
La ley introduce asimismo un filtro adicional para la designación de defensa en procedimientos de esta naturaleza. Los abogados que pretendan intervenir deberán obtener autorización específica de las autoridades responsables, en atención a la posible presencia de documentación clasificada o información considerada estratégica.
Este requisito suscita preocupación entre juristas y asociaciones profesionales, que alertan del riesgo de restringir el acceso a representación independiente y de condicionar la relación de confianza entre letrado y cliente en procesos ya caracterizados por fuertes restricciones de transparencia.
El Gobierno ha presentado la norma como un paso necesario para "perfeccionar" el marco legal de protección de la seguridad nacional ante un entorno internacional que describe como más complejo y con riesgos crecientes.
Sostienen que el refuerzo del comité permitirá mejorar la coordinación entre departamentos y aumentar la eficacia en la aplicación de las políticas.
También subrayó que la legislación refleja el principio de que 'los patriotas gobiernan Macao'.
La aprobación llega tras la revisión en profundidad, en 2023, de la Ley de Defensa de la Seguridad Nacional de 2009, que amplió los tipos penales y las facultades de investigación de las autoridades.
En los últimos años, el marco se ha aplicado a figuras prodemocracia y activistas, en paralelo a la descalificación de candidaturas a las elecciones legislativas y a un estrechamiento del espacio para la prensa local.
Organizaciones de derechos humanos y analistas advierten de que la combinación de juicios potencialmente opacos y requisitos de acreditación para los defensores puede erosionar garantías procesales, debilitar el principio de publicidad de las vistas y tensionar las protecciones previstas en la Ley Básica de la región.
La entrada en vigor de esta normativa consolida así el endurecimiento el clima político en la excolonia portuguesa, donde se han reducido los márgenes de pluralismo institucional y mediático.