"El régimen de Ortega-Murillo genera todo un proceso de represión, que va incluso en contra de los defensores ambientales, y que hace que nos exiliemos, pero hay algo que no va a poder hacer, que es silenciarnos", afirmó Ruiz rotundo.
Ruiz, exiliado en Costa Rica, y Brenes, en Países Bajos, han viajado a la ciudad suiza para reunirse con relatores, grupos de trabajo y Estados "para seguir posicionando el tema de Nicaragua en la agenda el Consejo de Derechos Humanos y exponer cómo han evolucionado las arbitrariedades y las violaciones de los derechos humanos", explicó el activista ambiental.
"Yo creo que la comunidad internacional a veces se olvida de Nicaragua, al ser un país pequeño. (...) Les pido que no se olviden, que continúen apoyando a la sociedad civil (...) y, a la diplomacia, a veces hablamos mucho, pero queremos actos concretos, después de ocho años que llevamos en sufrimiento, con excarcelaciones, con desaparecidos y con muertes", reclamó Brenes.
El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo desapareció hace siete meses a Carlos Brenes, padre de Thelma y exmilitar sandinista opositor del régimen.
"Ellos saben que no estaba metido en política ni haciendo activismo político, tratan de acallar a cualquier persona que en algún momento en Nicaragua criticó al régimen. Y, sobre todo, personas que tienen algún valor moral y apoyo del pueblo nicaragüense, como lo es mi padre", subrayó Brenes.
La exiliada advirtió que la mayor parte de los arrestos se producen sin ninguna acusación formal, cuando esas personas son llamadas a declarar a la comisaría y luego "las familias ven que no regresan".
A partir de ese momento, intentar obtener información sobre el paradero de sus seres queridos también puede ponerles a ellos en peligro.
"Los agentes de la policía les dicen que no lleguen, que no pregunten más, si no ellos también van a ser detenidos", reveló Brenes.
Las condiciones de detención, denunció, han empeorado desde la última vez que su padre fue llevado preso, en 2018, cuando las familias aún podían visitar a los detenidos y llevarles paquetes con alimentos o medicinas.
"Ahora eso no existe (...) Ni siquiera aceptan que están dentro del sistema penitenciario. Sabemos que los tienen con cámaras 24 horas. Hay torturas psicológicas, les dicen que las familias no llegan a preguntar por ellos, que van a morir ahí", denunció la hija del opositor sandinista.
Por su parte, Amaru Ruiz tuvo que exiliarse en 2018 tras las amenazas del Estado nicaragüense, que además le ha retirado su nacionalidad y la acusa de "propagar noticias falsas" por denunciar las violaciones de derechos humanos contra poblaciones indígenas de Nicaragua.
El activista ambiental sabe que le es incómodo al Gobierno nicaragüense por "desnudar" los intereses económicos detrás del "saqueo y despojo" de los bienes naturales del país, pero sigue firme en su compromiso: "es nuestro trabajo como organizaciones ambientales".
"Vamos a seguir con la convicción. Si no seré yo, otros nos seguirán, y eso es una cosa que tenemos dentro de la organización", afirmó el presidente de la ONG medioambiental Fundación del Río y coordinador de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local.
El nicaragüense denunció la persecución de los activistas ambientales como él en América Latina, especialmente en Honduras, Colombia, Brasil, donde ha aumentado, y también en México, donde hay una alta incidencia de asesinatos a estos defensores.
"Te demuestra el mismo patrón, que tanto los Estados como las empresas no quieren ser vistos como responsables de esos impactos. Tratan de silenciar con la complicidad del Estado", señaló.
El activista consideró que solo será posible un cambio real en las políticas medioambientales de Nicaragua con un cambio de gobierno.
"El régimen de Ortega-Murillo ha puesto en primer lugar los intereses económicos encima de los intereses ambientales y sociales de su población y eso ha hecho que obtenga recursos económicos alrededor de promover este modelo neo-extractivista", subrayó Ruiz.
En concreto, Ruiz mencionó el aumento de más de 71 lotes de concesiones mineras para la explotación de oro, plata y minerales críticos que "evidencia que el régimen no está a favor de la conservación y protección de los bienes naturales del país".
Este lunes, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU para Nicaragua denunció que las violaciones en este país se han intensificado y diversificado más allá de sus fronteras, y que estos actos se financian a través del desvío de fondos originalmente destinados a servicios sociales.
Uno de los principales objetivos de las violaciones planeadas por el aparato estatal ha sido "disuadir, castigar y silenciar a nicaragüenses en el extranjero e impedir la oposición política organizada", explicó en rueda de prensa el presidente del Grupo de Expertos, Jan-Michael Simon.