En declaraciones a los periodistas Carvalho indicó que van adoptar ese paso siguiendo la recomendación de la Agencia Internacional de Energía (AIE).
"Hicimos un calendario, la liberación comenzará la próxima semana, vamos a hacer una liberación coordinada con otros países", dijo la ministra lusa.
Según los datos de ENSE-Entidad Nacional para el Sector Energético, Portugal tenía en el último trimestre de 2025 1,56 millones de toneladas de reservas físicas de petróleo.
En paralelo, el Ministerio de Finanzas luso informó este viernes de que a partir del lunes va a aplicar "un descuento extraordinario y temporal" en el impuesto sobre el gasóleo de carretera de 2,6 céntimos de euro por litro y en la gasolina sin plomo de 1,4 céntimos por litro.
La nota explica que de no producirse esta reducción, y de acuerdo con las informaciones del sector, si no se aplicara este descuento el precio del gasóleo de carretera subiría 15,5 céntimos por litro y el de la gasolina sin plomo, 9,1 céntimos por litro.
Preguntada sobre si Portugal va a aplicar un paquete anticrisis como el anunciado hoy por España, Carvalho dijo que están siguiendo la evolución de los precios semana a semana.
"En nuestro caso el precio de la electricidad está relativamente protegido, porque tenemos el 80 % de renovables, por lo que las horas en que el gas marca el precio son muy pocas y estamos protegidos", remarcó.
Destacó que el mayor problema de Portugal es a nivel individual para las personas, porque el precio de gasóleo crece más que el de la gasolina dado que gran parte del refinamiento se hace en Oriente Medio.
"Ahí es normal que se tenga que actuar, pero vamos a esperar a la declaración de crisis energética", avisó la ministra, quien anticipó que en caso de darse esa declaración podrían adoptar algunas de las recomendaciones de la AIE como reducir los vuelos, ofrecer transporte público gratuito o que los vehículos circulen en días alternos según su matrícula.
Ayer, el Ejecutivo portugués aprobó un mecanismo para poder intervenir el mercado en caso de ser declarada la situación de crisis energética y que los precios se incrementen más de un 70 %, según las directrices europeas.