Durante el juicio "oral, público y ejemplarizante", al acusado Osvaldo Fernández Pichardo le fue impuesta una sanción "excepcional, rigurosa y proporcional a la gravedad del hecho cometido", señala una nota publicada en el periódico Granma.
Como sanciones accesorias, Fernández fue condenado a "privación de los derechos públicos, el comiso de objetos y bienes relacionados con el hecho y la prohibición de expedición de pasaporte y salida del territorio nacional", así como la obligación a indemnizar a la víctima.
El informe señala que, durante la audiencia, se demostró que "una persona que reside en Estados Unidos" propuso a Fernández "600 dólares para que agrediera" a un miembro de la policía cubana "en un lugar público", para que "provocara temor en las personas, alterara el orden y fomentara sentimientos de inseguridad en la población".
Recuerda que en las imágenes del suceso divulgadas el 29 de mayo de 2025, se observó que "el sancionado, aprovechándose de su complexión física, atacó por la espalda y con el empleo de un arma blanca a una oficial de policía" desarmada y de uniforme en Camagüey (centro-este).
"Las lesiones causadas pusieron en peligro inminente la vida de la oficial y requirió un tratamiento médico", añade.
Tras la detención del autor de la agresión en este suceso, las autoridades cubanas subrayaron que recibiría "todo el peso de la justicia revolucionaria".
El Gobierno cubano ha intensificado su postura contra el terrorismo, imponiendo severas condenas, incluida la cadena perpetua, a los acusados de actividades violentas, infiltración o ataques a fuerzas de seguridad y ha enfatizado que "no habrá impunidad" para esos actos.
En Cuba no hay datos públicos y periódicos sobre hechos delictivos -sobre todo con violencia-, los cuales suelen aparecer algunas veces en los medios oficiales o en comunicados del Ministerio del Interior.