En su informe anual de 2025, publicado este martes, la institución se muestra preocupada "de manera especial" por el incremento del número de quejas recibidas de personas afectadas por un desahucio judicial de la casa donde viven.
Los casos comunicados al Defensor pasaron de los 60 en 2023 a los 102 en 2024 y los 142 el año pasado, lo que, a su juicio, refleja la gravedad de la situación.
Los afectados lamentan falta de información y a menudo desconocían lo que sucedería tras el desahucio o el desalojo efectivo, lo que les generaba inseguridad e incertidumbre, además de ver pasividad e improvisación por parte de los servicios sociales para arreglar la emergencia de alojamiento.
No obstante, el Defensor también recoge las quejas de los propietarios disconformes con la regulación legal vigente, que posibilita suspender por orden judicial los desahucios y su ejecución en determinados supuestos de vulnerabilidad económica del inquilino de una casa o de un ocupante sin título que lo habilite para vivir en ella.
La institución apunta también que, entre las personas sin hogar, hay quienes cuentan con empleo o pensiones públicas, pero los ingresos no alcanzan para pagar una vivienda.
Los precios se han disparado desde hace años, tanto de compra como de alquiler, debido a una demanda que supera la oferta con creces, lo que dificulta enormemente el acceso a la vivienda de las clases sociales menos pudientes.
El precio de compra se encareció de media un 12,7 % en 2025, la tasa más alta desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En estas circunstancias, también son frecuentes las quejas por el retraso en la recepción de las ayudas de las administraciones públicas para sufragar el alquiler, así como del bono joven específico, la escasez de fondos para atender todas las necesidades, la imposibilidad de acceder a una vivienda o las esperas de años en la adjudicación de una pública o de protección oficial.
Según el Defensor del Pueblo español, las ayudas públicas de alquiler llegan a los beneficiarios con meses de retraso con demasiada frecuencia y los recursos para ello no cubren el total de las solicitudes que cumplen los requisitos.
Entre las quejas recibidas también destacan la imposibilidad de acceder a una vivienda a precio de mercado o el elevado porcentaje de casas dedicadas al turismo, sector más rentable que el residencial, lo que reduce y encarece el mercado de alquiler de vivienda habitual.
Por ello, el Defensor ve razonable limitar las viviendas turísticas en los municipios donde se produce este problema.