El tribunal, que tiene la última palabra sobre la interpretación de las leyes en el país centroamericano, está integrado por cinco magistrados titulares y cinco suplentes que asumirán sus cargos el próximo 14 de abril.
La conformación de esta magistratura surge de la designación directa de la Presidencia de la República, el Organismo Legislativo, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos, única universidad pública del país.
La renovación estuvo marcada por una serie de amparos judiciales que buscaban impugnar las designaciones de los representantes del gremio de abogados y de la universidad estatal.
Estas acciones legales, según diferentes observadores internacionales y analistas, pretendían favorecer a sectores vinculados a la fiscal general, Consuelo Porras, quien intentó sin éxito integrar la corte.
La juramentación celebrada hoy deja sin efecto dichas impugnaciones y asegura la transición institucional dentro de los plazos constitucionales.
La presidencia del tribunal se rotará de forma anual entre los magistrados titulares, siguiendo un orden de edad de mayor a menor.
De esa cuenta, la primera presidencia (2026-2027) será ejercida por Anabella Morfín Mansilla, de 75 años, designada por el Ejecutivo.
Posteriormente, el cargo será ocupado sucesivamente por Astrid Lemus, designada por el Colegio de Abogados y Notarios; Roberto Molina Barreto, nombrado por el Congreso, y Dina Ochoa, titular por la Corte Suprema de Justicia.
El quinquenio concluirá en 2031 bajo la dirección de Julia Rivera, representante de la Universidad de San Carlos y la integrante más joven del pleno.