El proyecto de ley fue respaldado por 284 diputados de los 289 legisladores presentes y, además de los partidos integrantes del Gobierno, socialistas, conservadores y centristas, también fue respaldado por la formación ultranacionalista AUR.
La norma establece que el feminicidio es el homicidio intencionado de una mujer o como consecuencia de agresiones violentas, independientemente de si el autor es un familiar o un tercero.
El texto incorpora medidas de protección para los huérfanos de feminicidio, reconocidos como víctimas directas, y prevé agravantes cuando la violencia se produce en presencia de menores.
Asimismo, la nueva normativa permite iniciar acciones penales de oficio en casos de violencia de género, sin necesidad de que exista una denuncia previa.
La ley endurece las penas por asesinatos de mujeres cometidos por exparejas o motivados por razones de género, como el rechazo, el divorcio o la negativa a contraer matrimonio.
La normativa también incluye la educación en igualdad de género y la prevención de la violencia en los planes de estudio escolares en línea con lo establecido en el Convenio de Estambul.
"La vida de una mujer no tiene más valor que la de un hombre. Pero la cruel y trágica realidad es que las víctimas de esta violencia extrema son, en su inmensa mayoría, mujeres", dijo durante el debate en el parlamento la diputada socialista Silvia Mihalcea, una de las impulsoras de la normativa.
En 2025 se registraron 59 casos de feminicidio en Rumanía, lo que equivale a unos cinco asesinatos de mujeres al mes.
Para que entre en vigor la normativa debe ser todavía promulgada por el presidente, Nicușor Dan.