El Parlamento Europeo (PE) votó a favor del reglamento de “Retornos” que permitirá, entre otras cosas, crear en terceros países centros para migrantes que deban ser repatriados, agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria.
Los eurodiputados aprobaron la creación de esta nueva normativa, cuya principal novedad gira en torno a la posibilidad de que los Estados miembros puedan deportar a migrantes a los llamados “centros de retorno” en terceros países, siempre y cuando se haya suscrito previamente un acuerdo y se respete el principio de no devolución.
La principal novedad en esta normativa gira en torno a la posibilidad de que los Estados miembros puedan deportar a migrantes a lo que se ha denominado como “centros de retorno” en terceros países distintos a los de su origen, siempre y cuando se haya suscrito previamente un acuerdo y se respete el principio de no devolución.
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Terceros países
Se sigue así el polémico modelo impulsado por Italia, país que sufre una gran presión migratoria desde el Mediterráneo y que en 2024 construyó centros de retorno en Albania para enviar a migrantes que en la actualidad están inutilizados por diversas decisiones judiciales.
En estos centros, los terceros países estarán obligados a respetar los derechos humanos y no estará permitido el internamiento de menores no acompañados.
Además, se exige a los migrantes “cooperar activamente” en su proceso de retorno y, si éstos no lo hicieran, se podrán imponer sanciones que van desde la retirada de prestaciones sociales y permisos de trabajo, hasta sanciones penales que incluyen el encarcelamiento.
Prevén expulsiones
También se permite la detención de migrantes basándose en su riesgo de fuga y otros motivos de seguridad, con un período de internamiento que puede durar hasta un máximo de 12 meses, con la posibilidad de prorrogarlo durante otros 12 meses si hubiera falta de cooperación o retrasos en la tramitación de la documentación.
Para migrantes considerados un riesgo para la seguridad pública o nacional, se prevé una expulsión prioritaria, y podrán ser recluidos en prisiones -separados de presos comunes- y enfrentarse a prohibiciones de entrada indefinidas.
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A la hora de apelar una decisión de retorno ante un juez, el reglamento contempla que no se paralice automáticamente la ejecución de la expulsión a no ser que la autoridad judicial así lo decida a petición del migrante.
Tipificación de delito
En cuanto a la tipificación del delito de estancia ilegal en un país, ésta quedará a cargo de cada Estado miembro, mientras que la detención de migrantes en domicilios -lo que se denominó como el ‘ICE europeo’- ha sido finalmente eliminado del texto del Parlamento tras las negociaciones.
El texto aprobado fue rechazado por partidos socialdemócratas, verdes y de izquierdas, que sostuvieron que la iniciativa no está alineada con un enfoque europeo, sino que muestra un giro a la extrema derecha por parte de los populares.
Poco después de que el expediente se votase en comisión parlamentaria, se reveló además que los negociadores popular, ultraconservador y de los dos grupos de ultraderecha habían creado un grupo de Whatsapp para redactar enmiendas y coordinar posiciones de cara al voto, lo cual demuestra una cooperación mucho más estrecha que la previamente conocida entre el PPE y los partidos antes vetados por el cordón sanitario.
“El resultado de este expediente confirma nuestras preocupaciones. Lo que estamos viendo no es un enfoque europeo equilibrado, sino un giro político impulsado por el deseo del PPE de alinearse con la extrema derecha”, dijo Ana Catarina Mendes, vicepresidenta del Grupo Socialistas y Demócratas en la Eurocámara.
Centros de detención
Estos grupos sostuvieron además que el texto fomenta la detención “masiva e indefinida por motivos puramente administrativos” y criticaron la creación de los centros de retorno en terceros países donde “es probable que sean objeto de detención prolongada y arbitraria que conducirá inevitablemente a violaciones de los derechos fundamentales”.
Ante estas preocupaciones, fuentes del Partido Popular Europeo señalaron a EFE que los terceros países deberán pasar una serie de filtros antes de que se les permita acoger estos centros, así como la existencia de una previsión de consecuencias para quienes no las cumplan.
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Las mismas fuentes sostuvieron que el Reglamento de Retorno, pese a no ser una directiva, es uno de los “puntos esenciales de la política migratoria” de la Unión.
Ayer también tuvo lugar el primer trílogo de negociación entre la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, cuyo equipo negociador dirigirá Malik Azmani (Renovar Europa) en unas conversaciones que los populares esperan sean “relativamente rápidas” ya que los compromisos adquiridos en la Eurocámara “son muy cercanos al texto de la Comisión”.