La norma fue aprobada por unanimidad y su texto remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se debe pronunciar sobre el carácter orgánico de la legislación, informó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, tras declararla sancionada.
El parlamentario pidió que esta ley "sirva y contribuya para acabar con el viacrucis" que, a su juicio, sufre la población venezolana al hacer trámites administrativos en instituciones y organismos del Estado.
Integrada por 12 artículos, la ley tiene el objetivo de simplificar las gestiones ante el Estado para mejorar la eficiencia y eficacia de las instituciones públicas, así como "superar los trámites y procedimientos administrativos burocráticos, innecesarios, inútiles, impertinentes o complejos".
Entre otras cosas, la ley otorga a la Presidencia Ejecutiva la atribución de "suspender, reducir, modificar o suprimir" cualquier tipo de trámite, procedimiento, requisito o permiso para agilizar procesos, también puede ordenar la digitalización de trámites o crear normativas para la uniformidad de estas gestiones.
También crea una comisión nacional para evaluar y proponer medidas con esta finalidad, que estará integrada por la Presidencia y Vicepresidencia Ejecutiva, los vicepresidentes sectoriales, dos diputados de la AN, dos representantes de alcaldes y gobernadores, respectivamente, y un delegado de la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, exige a todos los organismos estatales incorporar nuevas tecnologías para optimizar las gestiones y cada uno debe designar una "unidad responsable" de esta optimización, para relacionarse con otros organismos públicos, confirmar requerimientos y comparar datos para evitar "requisitos redundantes".
Esta ley es parte de las propuestas presentadas al Parlamento en enero por la presidenta encargada, entre las cuales se encontraba también la reforma de hidrocarburos, que abrió el sector a la inversión privada y extranjera.
El proyecto fue apoyado por el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, durante su visita a Caracas hace tres semanas, cuando se reunió con la mandataria encargada en el palacio presidencial de Miraflores.
Burgum declaró tras ese encuentro que tanto Delcy Rodríguez como el mandatario estadounidense, Donald Trump, quieren "eliminar los trámites burocráticos" para que fluyan las inversiones de capital de Estados Unidos, que ha expresado su interés en los sectores de hidrocarburos y minería.
Durante la sesión de este jueves, el Parlamento también adelantó el segundo debate necesario para la aprobación definitiva de una reforma de la Ley de Minas que permitiría la inversión extranjera en este sector.